El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, abogó por "darle una vuelta" a la normativa sobre Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) para incluir un régimen sancionador, ya que "las consecuencias de incumplirla son nulas prácticamente". 

"Hay que usar el palo con los que dan pasos hacia atrás", defendió Puente, quien lamentó que lo que ha ocurrido en algunas ciudades españolas con los gobiernos del PP y Vox "es algo que no se está haciendo en el resto de Europa". Pese a la falta de un régimen sancionador, el ministro recordó que estos pasos atrás tienen consecuencias inmediatas como la exigencia de devolver fondos europeos porque se están "destruyendo actuaciones" que se financiaron a su cargo.

A este respecto, explicó que "es verdad que en el ámbito europeo hay algunas resistencias a la implantación de movilidad sana, sostenible y segura pero es inconcebible que una vez que se ha tomado la decisión y se gana espacio para el peatón, la bicicleta o el transporte público llegue alguien y lo revierta".

Según su punto de vista, esto se produce en España "porque la derecha tiene la necesidad de oponerse a todo lo que salga desde el ámbito de la izquierda". "Es un error porque el aire limpio no distingue de ideologías", advirtió.

"La batalla por la libertad es sorprendente y se olvidan de que la libertad tiene sus límites y el derecho para ir en coche a cualquier parte no existe", prosiguió el titular de Transportes, quien añadió que "la movilidad urbana sí es un derecho fundamental".

En esta línea, indicó que "no necesariamente se trata de ir de puerta a puerta ni en el todoterreno, hay que garantizar ir de un punto a otro de manera eficaz" y concluyó que "las ciudades están pensadas para hombres de mediana edad que tienen un coche dejando de lado a las mujeres, a las personas con dificultades de movilidad y a los niños".

Por último, destacó que "hay que incentivar el transporte público de calidad porque la gente no se baja del coche para subirse a un autobús porque le resulte mucho más barato". Por ello, anunció que la política de movilidad dejará de basarse en los descuentos a medio plazo y se centrará en medidas para incentivar las plataformas de zonas reservadas para el transporte público, de prioridad semafórica o de modernización de la flota.