Lo ha revelado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un mensaje publicado en la red social X
"Golpe por golpe", otro lío después de que el Gobierno no invite a Ayuso en el arranque del AVE a Asturias
Madrid dejará de invitar al Gobierno por interpretar que es un veto
La Comunidad de Madrid no invitará "nunca" más a partir de ahora a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez después de "vetar", a su juicio, a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la inauguración del AVE a Asturias.
Fuentes del Ejecutivo autonómico han asegurado que no invitarán al Gobierno a ningún acto de la Comunidad de Madrid "del mismo modo que el Gobierno de la nación no invita nunca a la Comunidad de Madrid. Golpe por golpe", han remarcado.
El Ejecutivo de Ayuso ha considerado ?un grave error del Gobierno? que Ayuso no sea invitada a la inauguración del AVE a Asturias, que tendrá lugar este miércoles, y será presidida por el rey Felipe VI, y a la que acudirán los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y de Asturias, Adrián Barbón.
Según el Ejecutivo autonómico, es Sánchez "quien, personalmente, veta a la presidenta Díaz Ayuso", y han argumentado que otros presidentes autonómicos sí fueron invitados cuando se inauguró el AVE a sus regiones, como las líneas a Murcia, Valencia, Barcelona, Valladolid, Málaga, Sevilla, Orense o la línea Madrid-Zaragoza-Lérida.
Fuentes del Ministerio de Transportes han indicado a EFE que a estas puestas en servicio "se invita a los presidentes de las comunidades autónomas donde se inaugura algo" y, en este caso, se trata de la línea de alta velocidad de un tramo entre Castilla y León y Asturias.
Y añaden que cuando se inauguró esta infraestructura Ourense, Extremadura, Burgos o Murcia tampoco estuvo la Comunidad de Madrid.
"Es el mismo criterio de siempre", han subrayado desde el Ministerio.
La ministra de Defensa pide al Gobierno marroquí que investigue quién promovió el asalto y elude la cuestión de si el CNI avisó o no a Interior
Solicita que cualquier ampliación de la investigación financiera requiera autorización judicial y rechaza una recopilación de datos "sin límites"
Dicha cuantía, que supera los 38 millones de euros, se repercutirá en la factura durante un año, tal y como publica este lunes el BOE








