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El Chami apela a la presunción de inocencia de su entrenador
El proceso seguirá su curso y en la vía penal tras la denuncia de un jugador contra Juan Carlos Pérez
El Club de Rugby El Salvador ha pedido respeto "por la presunción de inocencia" de su primer entrenador, Juan Carlos Pérez, tras haber sido denunciado por un jugador del equipo, Pablo Silva, y varios miembros de su familia, también con vinculación a la entidad vallisoletana, por "insultos y amenazas", en el juzgado número 3 de la capital.
En un comunicado, el club explica que si bien no obvia la importancia de lo que se indica, en un ejercicio de responsabilidad lógica, "ni se va a revelar ni hacer partícipe a la opinión pública" lo que le concierne y conoce del asunto, y si este ya ha sido resuelto o no en el club, apelando a la "confidencialidad del reglamento de régimen interior".
Asimismo, recuerda que Juan Carlos Pérez "tiene una trayectoria reconocida y laureada, de esfuerzo y sacrificio", por lo que pide "respeto por su presunción de inocencia hasta que no sea acusado públicamente de un delito del que aún no ha sido juzgado penalmente".
Según informaron a EFE fuentes de los afectados, la denuncia a Juan Carlos Pérez se presentó "tras la reiteración de insultos y amenazas a varios miembros de la familia" del jugador, que se iniciaron por un comentario en 'facebook' en el que se decía que el equipo vallisoletano daba pena, a lo que el técnico respondió de manera vehemente, aludiendo a la familia del que opinó en las redes.
No quedó ahí la contestación, sino que hubo más intercambio de opiniones entre jugador, familiares y entrenador, a través de 'whatsapp', por lo que ha quedado registrada la conversación y presentada como prueba al juzgado de guardia donde se realizó la denuncia.
Antes de llevarla a cabo, según las mismas fuentes, la familia afectada por esos insultos contactó con el club para resolver la situación de manera privada, solicitando la apertura de expediente al técnico vallisoletano por una conducta "muy grave", lo que derivaría en su expulsión de la entidad o una sanción que supondría quitarle "hasta el 40%" de su sueldo, que pretendían que se destinara a una organización no gubernamental".
Pero el club aplicó una sanción grave, que no correspondía a lo solicitado por la familia afectada, por lo que ésta optó por acudir al juzgado.
Las mismas fuentes han asegurado que "si se hubiera cumplido el reglamento interno y se hubiera demostrado que se hacía efectivo, se hubiera retirado la denuncia, pero al dejarlo solo en falta grave, la consecuencia ha sido acudir al juzgado, para restituir los derechos de los que se han visto amenazados e insultados".
El proceso seguirá su curso y en la vía penal.
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