El arrestado es un hostelero de Elche de 65 años, apodado 'mi amo' por las personas que robaban para él
Un párroco se enfrenta a cuatro años de prisión por el robo de piezas de culto de sus iglesias
La fiscal considera al expárroco autor de un delito continuado de apropiación indebida, por el que le pide cuatro años y seis meses de cárcel, así como el pago de una multa.
El expárroco de los municipios lucenses de Ribadeo y Trabada, J.E.S.A., se sienta a partir de este miércoles en el banquillo de los acusados para responder por un delito de apropiación indebida por la supuesta sustracción de numerosas piezas de culto de las iglesias que administraba.
Los hechos se remontan a los años 2008 a 2012, en los que J.E.S.A. ejerció como párroco en varias iglesias de los términos municipales de Ribadeo y de Trabada y en las que, "con ánimo de ilícito enriquecimiento", se "apoderó e incorporó a su propio patrimonio" decenas de objetos religiosos y de culto, imágenes religiosas y muebles y piezas pertenecientes a sus parroquias, explica la Fiscalía en su escrito de acusación.
Además, el Ministerio Público lo acusa de haber entregado algunas de estas piezas al otro procesado, J.J.O.S.A., un anticuario que "era conocedor de que dichos efectos procedían de las parroquias" que administraba el cura.
"Muchos de los efectos de los cuales se apoderó el acusado están inventariados", destaca el escrito, que, no obstante, indica que, como bienes de instituciones eclesiásticas, "están sometidos a un régimen de especial protección".
El Obispado de Mondoñedo-Ferrol recuperó algunos de los efectos sustraídos, mientras que otros, como una imagen de piedra de la Virgen de los Milagros, varios misales antiguos, un manto bordado en oro de la Virgen de los Dolores o cálices de plata, no han sido todavía localizados. Una tasación parcial de algunos de los efectos sustraídos los valora en 25.000 euros.
Por todo ello, la fiscal considera al expárroco autor de un delito continuado de apropiación indebida, por el que le pide cuatro años y seis meses de cárcel, así como el pago de una multa. Del mismo modo, reclama un año y medio de prisión para el otro acusado, por un delito de receptación.
El magistrado aprecia indicios de un posible delito tras la denuncia de una inspectora, mientras la defensa solicita el archivo de la causa al considerar que no existen pruebas suficientes
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