El comité de huelga de los funcionarios de la administración de Justicia ha convocado huelga indefinida a partir del próximo 22 de mayo si el Gobierno "no pone encima de la mesa una propuesta económica", parón que se sumaría al ya anunciado por jueces y fiscales desde el próximo martes, día 16.

Los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública "tienen diez días para evitar el colapso absoluto en la administración de Justicia", ha subrayado Javier Jordán, responsable de Justicia de CSIF, el sindicato mayoritario en este sector, durante una concentración frente a la sede del departamento que dirige Pilar Llop, tal y como publica EFE. 

Los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, que hasta ahora han promovido movilizaciones, paros parciales y huelgas puntuales de 24 horas, endurecen así su presión hacia el Gobierno para que les plantee una oferta retributiva "como sí ha hecho con los letrados (de la administración de Justicia) y como sí está haciendo con los jueces y fiscales".

Cada día de paro de los funcionarios supone alrededor de cinco millones de actuaciones procedimentales y unos 20.000 juicios suspendidos, estiman los sindicatos, que acusan del parón a la administración.

"El único responsable es el Gobierno de España, que se niega a negociar y a poner encima de la mesa una propuesta económica", ha reprochado Jordán.

En una protesta ante el Ministerio de Justicia, en la que ha participado en torno a un centenar de trabajadores, el portavoz de CSIF ha anunciado también una "gran manifestación" el 25 de mayo, que recorrerá el centro de Madrid desde Justicia, en la calle San Bernardo, hasta la sede de Función Pública, en Santa Engracia.

"Los datos de seguimiento de la huelga crecen todos los días, hoy vuelve a estar paralizada la administración de Justicia, (...) los abogados están constatando que ahora sí Justicia está en huelga y no antes", ha señalado Jordán durante una nueva jornada de paro de 24 horas que se repetirá los próximos 11, 16, 17 y 18 de mayo y se convertirá en indefinida el día 22.

Los funcionarios, que reclaman un aumento salarial de entre 350 y 430 euros brutos mensuales y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, aseguran que no cesarán en su protesta hasta que el Gobierno no les haga una propuesta económica como la pactada con los letrados, de hasta 450 euros, o la que están negociando con jueces y fiscales.