El Juzgado de Instrucción número cuatro de Valladolid ha emitido una diligencia por la que acuerda remitir a la Audiencia Provincial el caso conocido como 'Meseta Ski' una vez que los acusados han presentado sus escritos de defensa.

Precisamente fue la Audiencia Provincial la que en febrero del pasado año ordenó la reapertura de las diligencias penales por los delitos de prevaricación presuntamente cometidos por cinco responsables y funcionarios de la Diputación en relación con la construcción del fallido complejo de ocio y aventura Meseta Ski en Villavieja del Cerro, pedanía del municipio de Tordesillas.

En el auto, la Audiencia Provincial disponía la continuación de las diligencias por un presunto delito de prevaricación contra el todavía alcalde de Olmedo y exvicepresidente de la Diputación, Alfonso Centeno; el exdiputado Pedro Pariente; el exgerente de Sodeva Luis Alberto Sánchez; el exjefe de Servicio de Urbanismo de la Diputación y actual Gerente de Reval, Luis Torroglosa; y el arquitecto de Sodeva Valentín González, además del arquitecto director de la obra, Santiago González.

Tras resolver que la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción y Valladolid Toma la Palabra, el tribunal consideró que los presuntos delitos tienen causa en el Acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid, S.A. (Sodeva) de 5 de agosto de 2010, por el que se aprobó una inversión de 1,6 millones de euros en obras de reparación, intereses, indemnizaciones y gastos de custodia a favor de la empresa Corsán-Corvian Construcción.

Ese día, los investigados en representación de Sodeva, reactivaron las obras de construcción del complejo de ocio, tras su blindaje por Ley 6/2010 de las Cortes de Castilla y León, que fue primero suspendida y finalmente anulada por el Tribunal Constitucional en sentencia de octubre de 2014.

Por lo tanto, la Audiencia Provincial concluyó que entre la fecha de este acuerdo y el inicio de las diligencias penales (el 11 de septiembre de 2019) no han transcurrido los diez años necesarios para que concurra la prescripción de los delitos que lleven aparejada una pena de entre cinco y diez años de inhabilitación, como es el caso del delito de prevaricación, imputado a las autoridades y funcionarios investigados por la causa de Meseta Ski.

En cambio, la Audiencia Provincial declaró que sí procede el archivo provisional de los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental, porque en la fecha de presunta comisión del primero, la malversación requería que las autoridades o funcionarios "sustrajeran o permitieran la sustracción de caudales o fondos públicos, con vocación de obtener aprovechamiento, ventaja o ganancia para sí o para un tercero", de lo que hasta el momento "no hay prueba indiciaria sólida".