La Coordinadora de Mujeres de Valladolid ha solicitado el cese del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, de Vox, con motivo de la polémica suscitada tras su anuncio de un protocolo 'pro vida'.

El colectivo recuerda que ya advirtió antes de las pasadas elecciones autonómicas a la ciudadanía, y a las mujeres especialmente, del peligro que tenía el que un partido de la extrema derecha entrase a formar parte del gobierno de Castilla y León.

"Su campaña electoral no daba lugar a dudas con su discurso de odio habitual hacia las feministas, tildando nuestras organizaciones de chiringuitos y denostando el trabajo que durante décadas llevamos desarrollando en favor de la igualdad y que tan buenos frutos han generado para la mejora de la vida de todas las mujeres", censura la coordinadora, que recuerda que ha dirigido varias cartas al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, apelando a su responsabilidad, sin que hayan obtenido respuesta.

Ahora, continúa el colectivo a través de un comunicado, parece reabrirse una lucha ya superada que en 2014 y en manos de Gallardón también se intentó menoscabar y fue frenada precisamente por el movimiento feminista que salió a las calles y que le costó su puesto; "y es que Vox vuelve a abrir este debate cerrado, el del derecho al aborto, planteando unas medidas que coaccionan y hostigan a las mujeres que quieren ejercer su derecho a interrumpir su embarazo. Y lo hace ante la pasividad de un PP que se escuda en debates lingüísticos para no admitir que su coalición de gobierno ataca y pone en peligro los derechos de las mujeres".

La coordinadora apunta que en 2021 interrumpieron su embarazo 2.597 ciudadanas de Castilla y León y 97,7% de ellas fueron derivadas a centros sanitarios privados. Solo dos centros hospitalarios ofrecen este servicio en el ámbito público, el de Miranda de Ebro y el de Burgos.

En el resto, las intervenciones son derivadas a clínicas privadas y en cinco de las nueve provincias ni siquiera es posible llevarlo a cabo, lo que obliga a las mujeres a desplazarse a otras provincias o comunidades para ello.

"Por si fuera poco, en muchas ocasiones esas clínicas están flanqueadas por grupos mal llamados pro vida cuyo objetivo es hostigar a las mujeres que se acercan a los centros. La reforma del Código Penal ha conseguido solo frenar la agresividad de sus manifestaciones, aunque aún siguen apostados frente a los centros, algo a todas luces deplorable", recrimina el colectivo.

Por todo ello, solicita el cese del vicepresidente de la Junta de Castilla y León y le pide a Fernández Mañueco que cumpla con lo prometido y tramite y apruebe, de una vez, la Ley Contra la Violencia de género en Castilla y León.

Del mismo modo, le exigen que adopte las medidas necesarias para que la interrupción voluntaria del embarazo se pueda llevar a cabo en cualquier hospital público de la Comunidad, como así recoge la Ley, garantizando su ejercicio a todas las mujeres que así lo demanden y sin ejercer ningún tipo de presión ni de cuestionamiento sobre la decisión tomada sobre su cuerpo y su vida.