La Policía Nacional de Valladolid ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de estafa al cobrar 3.204,49 euros a una mujer por un falso contrato de energía, valiéndose de la confianza de la víctima, que no firmó contrato alguno.

En el mes de junio del presente año se recibía en dependencias policiales una denuncia de una mujer que relataba que en enero un conocido contactó telefónicamente con ella para ofrecerle una promoción con una empresa de energía, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La mujer aceptó dicha promoción pero no firmó ningún contrato, confiando en la persona que se lo estaba ofreciendo, una individuo a la que conocía por residir en su mismo barrio y que acudió a su domicilio para realizar una reparación por el seguro de la vivienda.

Para poner en marcha los trámites de dicha promoción, se le solicitó un dinero con diferentes conceptos tales como tarjetas para los contadores, radiofrecuencias, códigos de barras, precintos, fusibles o cajetines de tarjetas entre otros, llegando a realizar la víctima un total de 32 desembolsos, a través de una plataforma de pago, al teléfono de esta persona y al de su mujer, alcanzando la cantidad total de dinero transferido a la cifra de 3.204,49 euros.

La víctima le solicitó al autor de la estafa la devolución de los pagos realizados entre enero y abril de 2022 debido a que no estaba disfrutando de ningún servicio de los supuestamente contratados.

Sin embargo, el varón se negó a tal extremo dejando en ese momento de contestar a sus llamadas y mensajes.

Se inició desde Policía Nacional una investigación de los hechos relatados y se comprobó efectivamente el pago de la cantidad denunciada por la víctima y se demostró que no existía ningún contrato a nombre de la denunciante en la referida empresa.

Realizadas las oportunas gestiones tendentes a la plena identificación de la víctima, se localizó al individuo procediendo a su detención por un delito de estafa.

El arrestado fue puesto en libertad a la espera de la celebración del juicio tras remitir las diligencias policiales a la Autoridad Judicial competente.