Castilla y León abrió sus aulas este viernes 9 de septiembre. El inicio del curso escolar, en todas sus etapas, supone un importante reto para la Comunidad ante un ejercicio plagado de incertidumbres que elimina por completo todas las restricciones obligadas durante la pandemia, pero con los nubarrones que genera la aplicación de la 'Ley Celaá', ese último capricho educativo del Gobierno socialista que no convence a los profesionales de la docencia.

La Comunidad lleva años instalada en los lugares de privilegio del reconocido Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (Informe PISA). Estos resultados son el reflejo de la aplicación de buenas políticas en materia educativa, centradas en la calidad e intentando adaptarse de la mejor manera posible a los vaivenes de las leyes nacionales que fluctúan en función el color del partido que ocupe La Moncloa.

Castilla y León tiene los mejores números en el ránking de la OCDE en España y sus resultados se codean con el reputado modelo finlandés. La inversión, el tamaño de nuestros pueblos y ciudades, las características sociales de la Comunidad, completan una mezcla perfecta que sitúa al sistema educativo regional en los primeros puestos del ranking PISA en todas las competencias educativas en alumnos de 15 años con una buena calificación homogénea, desde comprensión matemática hasta capacidades más globales. El informe recoge igualmente una mejor integración social y unos bajos índices de acoso escolar. Los indicadores también se extienden a la primera etapa universitaria, donde los alumnos castellanos y leoneses demuestran una mayor integración en esta etapa superior y mejores resultados, independientemente de la carrera que escojan. 

La octava Ley educativa ha nacido también sin consenso, como arma arrojadiza entre los diferentes grupos políticos y amenazando seriamente tanto a la educación especial como a la concertada. La 'Ley Celaá' enfrentó incluso al Gobierno con sus socios como muestra de que presenta importantes fugas ante las que un sistema como el de Castilla y León debe enfrentarse para no ver amenazada su reputada posición, ganada con el esfuerzo de los docentes y el tacto político para aplicar medidas lógicas que ayuden a seguir en esa privilegiada posición. La Comunidad invierte más en educación que la media española, pero no solo el gasto es un reflejo de su buen modelo. Comunidades cercanas como Extremadura gastan prácticamente lo mismo y no obtienen esos resultados.

El sistema educativo de Castilla y León destaca por su calidad y equidad, donde prima una cultura del esfuerzo que no regala aprobados, como ha señalado su consejera Rocío Lucas. Pero también tiene asignaturas pendientes. El ratio de niños por clase que ayuda a mejorar la calidad de la educación es un síntoma evidente del problema de la despoblación y la Comunidad debe trabajar en mejorar el nivel y las condiciones de sus docentes. Son el puntal sobre el que reside un modelo elogiado que no puede descuidar dónde se asienta la clave de su éxito.