Los afectados, que se encontraban conscientes en el momento de la asistencia, presentaban contusiones y dolores cervicales
Un año de cárcel para el búlgaro que traía a compatriotas para ser explotados trabajando en el campo
Cobraban 6 euos las hora pero les restaban 3 euros en concepto de comisiones y no estaban dados de alta en la Seguridad Social
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a un hombre de nacionalidad búlgara, que pertenece a un clan familiar asentado en la provincia vallisoletana, a un año de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro por pertenencia a grupo criminal.
Según consta en la sentencia del TSJCyL recogida por Europa Press, el ahora condenado se dedicaba a captar y traer a sus compatriotas para trabajar en el campo y formaba parte de una organización en la que realizaba funciones de colaboración ya que era el encargado de trasladar a los trabajadores al tajo y recogerlos al final de la jornada, además de que mediaba con los empresarios españoles "cuando era necesario".
El condenado cooperó con el traslado a España de varios compatriotas, entre ellos uno que llegó en 2018 acompañado de sus tres hijos de 5, 8 y 10 años, y era conocedor de que no estaban dados de alta en la Seguridad Social, no tenían firmado ningún contrato y percibían un salario de 6 euros la hora, de los que un euro era la comisión para el grupo al que pertenecía el acusado y 2 euros para abonar el traslado hasta el lugar de trabajo.
Hubo tres personas que sí fueron dados de alta y contratados, pero por periodos de tiempo inferiores a los realmente trabajados, además de que fueron obligados a abrir cuentas corrientes en entidades bancarias. La organización a la que pertenece el condenado se quedó con las tarjetas de crédito y figuraba como autorizado en las cuentas una de las personas del citado grupo, para manipular los salarios y descontar las
comisiones y gastos.
El acusado, durante el juicio mostró plena conformidad con los hechos y la calificación del Ministerio Fiscal, por lo que ha sido condenado a seis meses de prisión y multa de 6 meses, con cuota diaria de tres euros, por un delito contra los derechos de los trabajadores, y a otros seis meses más de cárcel por el delito de pertenencia a grupo criminal.
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