Una mujer que fue dada en adopción en 1982 con la oposición de sus padres biológicos, quienes denunciaron un delito de sustracción de menores, se reencontrará con ellos 35 años después, previsiblemente este martes.

La mujer, representada por el abogado Enrique Vila, nació en Vitoria, en abril de 1979, junto con su hermana melliza de un matrimonio que tenía cinco hijos más. Por el momento la hermana no estaría interesada en conocer a sus progenitores, con lo que el reencuentro se producirá únicamente con una de las dos mellizas.

La familia biológica, originaria de Cáceres y con escasos recursos económicos, solicitó ayuda social y las mellizas fueron entonces ingresadas en una casa cuna de Guipúzcua. Según una resolución judicial, el padre tenía problemas con el alcohol y la madre era sordomuda y no tenía medios para criar a los menores. No obstante, no querían que les quitasen a sus hijas.

Por este motivo, y con la mediación de Cáritas, solicitaron y obtuvieron que las dos hijas recién nacidas fueran ingresadas en una casa cuna. Desde que las llevaron a este organismo, los padres realizaron algunas visitas a las menores --una en 1979, dos en 1980 y otra en 1981, en esta última ocasión únicamente la madre--. Tal y como recogía la sentencia, ni los padres ni otros familiares próximos se preocupaban por ellas ni les prestaban atención.

De esta forma, en enero de 1982, cuando las menores tenían 3 años, la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Protección de Menores de Guipúzcua acordó, vistos varios informes emitidos sobre la situación de las niñas, entregarlas en adopción.

Los padres biológicos se opusieron a la medida e hicieron constar en ese momento que habían presentado una denuncia contra la Sociedad Protectora de Menores por sustracción de las menores. Sin embargo, este procedimiento acabó archivándose. Vila ha puntualizado que en esta causa los padres "no tuvieron el asesoramiento jurídico oportuno, ya que se trataba de una familia con escasísimos recursos económicos sociales".

El fiscal, por su parte, cuando se le dio traslado para pronunciarse por esta adopción, también se opuso. Manifestó que pese al "irregular proceder" de los padres, no se les podía considerar a las niñas como "abandonadas". Recordó que los padres no habían sido privados o suspendidos en el ejercicio de la patria potestad en el procedimiento en el que denunciaron la sustracción de las menores.

Pese a la postura del fiscal y a las manifestaciones de los padres, quienes insistían en que les habían robado a las pequeñas, el juez aprobó la adopción, con lo que las mellizas pasaron a estar bajo la custodia de un matrimonio valenciano. De esta forma se consumó, según Vila, "el robo institucionalizado de las menores".