Una veintena de asociaciones y sindicatos se concentrarán el próximo 7 de febrero en diferentes puntos de España para protestar contra la reforma de la Ley de la Ciencia, que el Gobierno prevé aprobar en Consejo de Ministros en las próximas semanas.

Las concentraciones tendrán lugar en: Madrid (frente al Congreso de los Diputados a las 13.30 horas), Barcelona (aún sin hora ni lugar programado), Valencia (18.30 horas en Plaza del Parterre) y a las 12.00 horas en ciudades como Sevilla, Zaragoza, Santiago de Compostela, Badajoz y Castellón.

Las entidades, que representan al colectivo de investigadores predoctorales celebran, por un lado, que el borrador de la ley contemple el derecho a indemnización por fin de contrato tanto para predoctorales como postdoctorales, pero critica que se reconozca este derecho únicamente a los contratos suscritos a partir de la entrada en vigor de la norma.

"Este Gobierno vuelve a negarles una mísera indemnización (12 días por año trabajado) que a duras penas les permitiría sobrevivir hasta encontrar un nuevo contrato, probablemente igual o más precario que el anterior", denuncian.

Este mismo lunes, la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha avanzado en un Desayuno Informativo organizado por Europa Press, que su Departamento está estudiando hacer retroactiva la indemnización, de manera que una vez en vigor la ley, puedan beneficiarse de este derecho quienes suscriban un contrato nuevo como aquellos que ya contaban con contrato antes de la ley nueva.

El colectivo de investigadores, entre los que se encuentran FPU Investiga, Red Doctorandos, Ciencia con Futuro, Federación de Jóvenes Investigadores (FJI/Precarios), la CNT y CGT, valora los avances que introduce el anteproyecto, pero lamenta que no aborde otros.

Entre ellos, la elaboración de un Estatuto del Personal de la Investigación que regule sus derechos como trabajadores; la modificación de las retribuciones mínimas en el Estatuto del Personal Investigador Predoctoral en Formación (EPIPF); el desarrollo de la carrera profesional del personal técnico y de gestión o la integración de todo el personal de investigación dentro de los convenios colectivos de referencia.

Asimismo, pide que la futura norma recoja la reversión de las externalizaciones de los servicios básicos de las universidades y centros de investigación (subcontratas); la eliminación de la tasa de reposición; el desarrollo de un marco claro de incorporación y carrera profesional de personal de investigación (investigador, técnico y de gestión) en las plantillas del Sistema Nacional de Salud; la atención y protección a los colectivos más vulnerables; y la creación de una Oficina de Integridad Científica nacional e independiente con poderes sancionadores y vinculada a la Oficina de Protección del Denunciante para proteger su identidad.

"Por todo ello, las organizaciones firmantes no aceptamos el redactado actual del anteproyecto y exigimos al Ministerio de Ciencia que modifique su contenido para que reconozca el derecho a indemnización para los/as investigadores/as con contrato en vigor e integre las reivindicaciones previamente mencionadas que afectan al sector de la I+D+i", exigen.