La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a siete personas implicadas en el conocido 'caso ataúdes', que estuvo durante cerca de veinte años en el seno del grupo funerario El Salvador. El tribunal considera probado que los responsables de la empresa sustituyeron de forma sistemática los féretros adquiridos por las familias antes de proceder a la incineración de los fallecidos, con el objetivo de reutilizarlos en otros servicios y obtener un beneficio económico.

La sentencia, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, impone penas de prisión de entre tres años y tres meses y siete años y medio por un delito continuado de estafa agravada en la modalidad de delito masa. Por el contrario, los magistrados absuelven a los otros 16 procesados y descartan los delitos de organización criminal, profanación de cadáveres, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La condena más elevada recae sobre la figura de Ignacio Morchón Vaquero, considerado por la Sala el principal responsable del grupo empresarial, que deberá cumplir siete años y seis meses de prisión. Sus hermanas Rosario y Laura Morchón han sido condenadas a siete años y seis años y medio de cárcel, respectivamente. Los otros cuatro condenados, trabajadores de las sociedades vinculadas a la funeraria, reciben penas que oscilan entre los tres años y tres meses, y los cinco años y nueve meses.

Más de 5.600 ataúdes reutilizados durante casi veinte años

La resolución judicial considera acreditado que la funeraria desarrolló durante aproximadamente dos décadas un procedimiento mediante el cual los cuerpos de los fallecidos eran retirados de los féretros elegidos y pagados por sus familiares previa a la cremación. Los cadáveres eran posteriormente incinerados en ataúdes de menor valor, mientras que los originales se conservaban para utilizarlos en otros servicios funerarios. Esta práctica se llevaba a cabo sin conocimiento de las familias, que estaban convencidas de que sus seres queridos serían incinerados en los féretros que habían adquirido.

Los magistrados han contabilizado al menos 5.688 sustituciones de ataúdes, una operativa que permitió a los responsables obtener un beneficio estimado en 1,37 millones de euros. Esta cantidad procede principalmente del ahorro generado al evitar la compra de nuevos féretros y de la reutilización de aquellos que ya habían sido abonados por otros clientes.

Para la Audiencia, el engaño constituía un elemento esencial de la actividad contractual, ya que las familias pagaban por unas condiciones que posteriormente no se respetaban. Por ello, la sentencia califica los hechos como un supuesto "negocio jurídico criminalizado" y aprecia la modalidad agravada de delito debido al elevado número de afectados y a la continuidad de las prácticas fraudulentas.

Más de 8,4 millones de euros en indemnizaciones

Además de las penas de prisión, la sentencia establece indemnizaciones que superan los 8,4 millones de euros para compensar a los perjudicados.

La Audiencia reconoce tanto el perjuicio económico ocasionado por la sustitución de los féretros como el daño moral sufrido por los familiares, que confiaron en la empresa para despedir a sus seres queridos.

Las sociedades mercantiles responsables de prestar los servicios funerarios harán frente a estas cantidades en caso de que los condenados no paguen lo que deben.

La Audiencia descarta la profanación de cadáveres

Uno de los aspectos relevantes de la sentencia es la absolución de los acusados por los diferentes delitos. Los magistrados, en este sentido, consideran que los hechos probados no reúnen los requisitos establecidos en el Código Penal para ser calificados como profanación de cadáveres.

La Sala tampoco aprecia pruebas suficientes para condenar a la funeraria por organización criminal, blanqueo de capitales o falsedad documental, delitos que también formaban parte de las acusaciones formuladas durante el procedimiento. De esta forma, la Audiencia Provincial centra la responsabilidad penal en la estafa continuada cometida mediante la sustitución y reutilización de los féretros, una práctica que se prolongó durante casi dos décadas y afectó a miles de personas en Valladolid.

La resolución judicial establece así la responsabilidad de siete de los 23 acusados por un fraude que, además del beneficio económico obtenido, ocasionó un importante perjuicio a las familias que habían confiado en la funeraria para la despedida de sus allegados.