Vecinos y colectivos han presentado un escrito de alegaciones contra la Autorización Ambiental Integrada (AAI) y el Estudio de Impacto Ambiental de la macroplanta de biometano en Cogeces del Monte promovida por Biofertilizantes CH4, S.L.U.

Los afectados solicitan la paralización del procedimiento al considerar que la documentación presentada por el promotor no cumple, a su juicio, los requisitos necesarios de rigor, seguridad y transparencia. El escrito pone el foco en cinco aspectos que consideran especialmente relevantes y advierte de las posibles consecuencias para la población, las carreteras de la zona, la calidad del aire y el entorno natural.

Uno de los principales reparos se refiere a la capacidad prevista para almacenar la fracción líquida generada por la instalación. Según los cálculos recogidos en las alegaciones a partir de los datos del propio proyecto, la planta produciría 82.449,85 metros cúbicos de esta fracción al año.

Los colectivos sostienen que, para garantizar los seis meses de almacenamiento indicados en la documentación, serían necesarios unos 41.224 metros cúbicos de capacidad. Sin embargo, aseguran que la balsa proyectada dispone únicamente de 29.504 metros cúbicos, lo que supondría un déficit de 11.720 Los alegantes consideran, en este sentido, que esta diferencia podría incrementar el riesgo de desbordamientos o vertidos ante incidencias técnicas.

Un proyecto que, según las alegaciones, todavía podría sufrir "cambios sustanciales"

El segundo punto de las alegaciones pone el foco en el aspecto técnico. Los colectivos aseguran que la documentación reconoce que el diseño todavía "no es definitivo y es susceptible de sufrir cambios sustanciales". A su juicio, esta circunstancia impide evaluar adecuadamente las consecuencias ambientales de la instalación. Las alegaciones defienden que la autorización debe realizarse sobre un proyecto definido y con parámetros concretos, y no sobre estimaciones que posteriormente puedan experimentar modificaciones relevantes.

Los alegantes cuestionan que estos materiales puedan calificarse de "materia prima de proximidad". Esta cuestión resulta especialmente importante, argumentan, porque los cambios en la composición de los residuos introducidos en el digestor pueden modificar las características de las emisiones y los olores generados.

51 camiones diarios y preocupación por las carreteras

Otro de los aspectos que centra las alegaciones es el tráfico asociado a la futura planta. Los colectivos calculan que la actividad supondría el tránsito de 51 vehículos pesados al día y un incremento superior al 100 % del tráfico actual en las carreteras VA-4260, VA-4265 y VA-4280. Además, una parte importante de las emisiones odoríferas procedería de una zona de compostaje de más de 20.000 metros cuadrados.

También llama la atención la proximidad del arroyo de Valdecascón, situado, según el escrito, a unos 960 metros. Por esa razón, los afectados reclaman mayores garantías ante eventuales filtraciones o episodios de lluvias extremas.

Piden suspender la tramitación

Ante estas circunstancias, los vecinos y colectivos solicitan al órgano ambiental que suspenda la tramitación y no conceda la autorización mientras no sean corregidas las deficiencias señaladas. De hecho, citan el artículo 76 de la Ley 39/2015 para reclamar que la Administración responda de manera expresa, individualizada y motivada a las alegaciones presentadas antes de adoptar una resolución definitiva.

Es más, esta controversia también ha llegado al ámbito político municipal. Los colectivos denuncian, a través de un comunicado difundido por la Asociación Provincial Valladolid Stop Biogás, que no pudieron intervenir en un pleno extraordinario celebrado por el Ayuntamiento de La Cistérniga el pasado 28 de septiembre para aprobar un acuerdo con Laguna de Duero y una entidad privada.