La Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia ha recomendado a sus más de 5.000 propietarios asociados "extremar" la cautela y, en la medida de lo posible, evitar la firma de nuevos contratos de alquiler hasta el próximo lunes ante la incertidumbre generada por los nuevos decretos aprobados por el Gobierno en materia de vivienda.

La entidad considera necesario esperar hasta conocer con precisión el alcance de las medidas y las condiciones de su entrada en vigor. A su juicio, los cambios "desprotegen" al propietario y terminarán "asfixiando" también al inquilino al provocar una posible reducción de la oferta disponible.

La Cámara sostiene que las nuevas medidas vuelven a apostar por fórmulas "intervencionistas" sobre el mercado del alquiler que, desde su perspectiva, pueden agravar el actual desequilibrio entre oferta y demanda en lugar de facilitar el acceso a la vivienda.

"Después de años de medidas cortoplacistas, volvemos a modificar las reglas de juego una vez que los propietarios y los inquilinos ya han firmado sus contratos bajo unas determinadas condiciones. No puede convertirse en algo habitual que las consecuencias de las decisiones de política de vivienda recaigan siempre sobre el propietario", señala.

"Menos seguridad, menos oferta"

La organización vincula directamente la seguridad jurídica con la inversión y la cantidad de viviendas que salen al mercado del alquiler. Según argumenta, si los propietarios perciben que las condiciones pueden modificarse posteriormente, disminuyen los incentivos tanto para mantener sus inmuebles alquilados como para realizar nuevas inversiones.

Una situación que, según la Cámara, terminaría repercutiendo también sobre los propios inquilinos al existir menos viviendas disponibles, una mayor competencia para acceder a ellas y condiciones más exigentes para formalizar los contratos. "Pretender proteger al inquilino sin tener en cuenta qué ocurre con la oferta puede acabar produciendo el efecto contrario al deseado. Si cada vez hay menos propietarios dispuestos a alquilar, el acceso a la vivienda se complica todavía más", advierte.

La Cámara muestra asimismo su preocupación por las modificaciones que afectan a la duración y las condiciones de los contratos. Tras las diferentes prórrogas aprobadas durante los últimos años, considera que existe una creciente incertidumbre para los propietarios sobre cuándo podrán recuperar sus inmuebles y en qué condiciones.

Reclama que el coste no recaiga siempre en el propietario

La entidad cuestiona también que las medidas en materia de vivienda trasladen de manera "recurrente" determinados costes económicos a los propietarios.

En este sentido, recuerda que estos deben hacer frente al incremento de los gastos de mantenimiento, reparaciones, impuestos, comunidades de propietarios y del coste de vida en general, mientras que las limitaciones a la actualización de las rentas pueden impedir trasladar parte de esos incrementos al alquiler.

"Si se considera necesario establecer una limitación sobre las rentas por razones de política social, debe plantearse también quién asume el coste de esa decisión. No puede darse por hecho que sea siempre el propietario quien lo soporte sin ningún tipo de compensación", sostiene.

La Cámara defiende además que no deberían aplicarse las mismas soluciones a los pequeños propietarios y a los grandes fondos de inversión, debido a las diferencias existentes en su capacidad económica, exposición al riesgo y efecto de las medidas.

También expresa su preocupación por el aumento de la regulación sobre las diferentes modalidades de utilización de los inmuebles, desde los alquileres de temporada o por habitaciones hasta las viviendas de uso turístico. Ante esta situación, la Cámara de la Propiedad Urbana de Valladolid y Provincia reclama finalmente un pacto de Estado en materia de vivienda que implique a las diferentes administraciones y establezca unas reglas estables, previsibles y duraderas.