El Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid ha reivindicado este lunes, con motivo del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la consideración de la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) como un derecho reproductivo fundamental y ha reclamado que su prestación quede plenamente garantizada dentro de la sanidad pública.

La formación sostiene que, pese a los avances legislativos de los últimos años, persisten obstáculos que dificultan el acceso a esta prestación. Entre sus principales críticas sitúa la derivación de intervenciones a centros privados y las diferencias territoriales en función del lugar de residencia.

El PCE reclama que la red sanitaria pública asuma de manera integral la atención a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, con garantías de acceso en todo el territorio y sin que la situación económica pueda condicionar la atención recibida.

Críticas a la gestión en Castilla y León

La organización centra parte de sus reivindicaciones en Castilla y León, donde cuestiona la gestión de la IVE por parte de la Administración autonómica. El PCE denuncia la existencia de dificultades administrativas, falta de recursos y desplazamientos para las mujeres que necesitan acceder a esta prestación.

La formación también reclama medidas para garantizar que la objeción de conciencia de los profesionales no termine dificultando el acceso efectivo al servicio sanitario y pide establecer zonas de seguridad alrededor de los centros sanitarios para evitar el acoso a pacientes y trabajadores.

Según el PCE, la protección del derecho al aborto debería quedar reforzada mediante garantías legales y constitucionales que aseguren su prestación dentro del sistema público.

Educación sexual y anticoncepción

Entre las medidas planteadas por la organización se encuentra también la implantación de una educación afectivo-sexual integral y basada en criterios científicos en todas las etapas educativas, con el objetivo de prevenir embarazos no deseados.

El PCE reclama además el acceso universal y gratuito a métodos anticonceptivos dentro de la cartera de servicios públicos y defiende que las mujeres puedan elegir entre las diferentes opciones disponibles para la interrupción voluntaria del embarazo, incluido el método farmacológico.

Otro de los puntos de su propuesta pasa por garantizar la atención con independencia del lugar de residencia y evitar desplazamientos fuera de la provincia o de la comunidad autónoma cuando sean consecuencia de las dificultades de acceso al servicio.

La formación comunista considera también necesario establecer mecanismos que permitan sancionar el acoso ejercido contra las mujeres a las puertas de los centros donde se practican interrupciones voluntarias del embarazo.

Con motivo del 28 de septiembre, el PCE de Valladolid ha reafirmado así sus reivindicaciones en materia de derechos reproductivos y ha situado la defensa del acceso público al aborto entre sus principales demandas.