Castilla y León lleva formando especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, pero su presencia efectiva en los centros de salud sigue sin estar a la altura de esa formación. Este el diagnóstico que comparten cuatro organizaciones representativas de la Enfermería de la Comunidad, que se han unido por primera vez para reclamar a la Junta un desarrollo real de esta especialidad.

El Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León, la Asociación Castellano Leonesa de Enfermería Familiar y Comunitaria (ACALEFYC), el Sindicato de Enfermería SATSE y CCOO, a través de su Federación de Sanidad, han suscrito una declaración conjunta para reclamar que la Enfermería Familiar y Comunitaria se convierta en uno de los pilares de una Atención Primaria preparada para afrontar las nuevas necesidades de la población.

El documento pone el foco en una realidad que, a juicio de las organizaciones, supone una oportunidad perdida para el sistema sanitario. Desde que en 2010 existe un programa oficial de formación de esta especialidad, 497 enfermeras y enfermeros se han formado en Castilla y León mediante la vía EIR. En España, la cifra alcanza ya los 7.856 especialistas.

El problema, sostienen, ya no es formar profesionales, sino darles un espacio dentro de la estructura asistencial.

Sin procesos selectivos específicos

Las entidades denuncian que la Administración autonómica no ha convocado procesos selectivos específicos para esta categoría profesional y que la bolsa específica de contratación apenas tiene aplicación debido al insuficiente desarrollo de plazas vinculadas a la especialidad.

Una situación que consideran especialmente preocupante ante el perfil de la población a la que debe responder la Atención Primaria: cada vez más envejecida, con mayor prevalencia de enfermedades crónicas, pluripatología y necesidades asistenciales complejas.

Las especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria cuentan con formación específica para trabajar en ámbitos como la prevención, la promoción de hábitos saludables, el seguimiento de pacientes crónicos y la continuidad de los cuidados. Para las organizaciones firmantes, incorporar ese conocimiento permitiría reforzar la capacidad resolutiva de los centros de salud.

Una hoja de ruta para la Junta

La declaración plantea varias medidas para avanzar en la implantación de la especialidad. Entre ellas se encuentra la reconversión progresiva y planificada de plazas de Atención Primaria hacia la categoría de Enfermera Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

También reclaman convocatorias periódicas de procesos selectivos específicos, cambios en la normativa de promoción interna que faciliten la movilidad entre ámbitos asistenciales y que las nuevas plazas creadas en Atención Primaria se orienten hacia esta especialidad.

Las organizaciones piden además que el acceso a esta categoría no implique una pérdida de derechos económicos o de carrera profesional y que la formación EIR sea reconocida en los baremos de contratación, provisión de plazas y procesos selectivos del Servicio de Salud de Castilla y León.

La formación de nuevos especialistas, en juego

El futuro de las unidades docentes es otro de los puntos que preocupa al colectivo. Varias de las unidades acreditadas para formar especialistas deberán afrontar procesos de reacreditación en 2027, por lo que las organizaciones reclaman garantizar su continuidad.

La presencia de especialistas es uno de los requisitos esenciales para mantener la capacidad formativa, de modo que la falta de desarrollo de la categoría podría terminar afectando también a la formación de las próximas generaciones.

Desde ACALEFYC recuerdan que Castilla y León lleva años formando profesionales altamente cualificados en este ámbito y consideran que ese esfuerzo debe tener continuidad. El objetivo es evitar que el talento formado en la Comunidad termine sin poder desarrollar sus competencias específicas dentro de la Atención Primaria.

Un consenso inédito en la Enfermería de Castilla y León

La declaración supone además un hito por el consenso alcanzado. Es la primera vez que organizaciones profesionales, científicas y sindicales del ámbito enfermero presentan conjuntamente una posición sobre el desarrollo de la Enfermería Familiar y Comunitaria en Castilla y León.

Las cuatro entidades consideran que el acuerdo demuestra que la reivindicación va más allá de los intereses particulares de cada organización y responde a una necesidad del propio sistema sanitario.

El mensaje que trasladan a la Junta es que Castilla y León ya cuenta con los profesionales, la formación y el conocimiento necesarios. Ahora reclaman que ese capital humano se incorpore de manera efectiva a los centros de salud.

La declaración pretende ser el punto de partida para abrir una nueva etapa de diálogo con la Administración autonómica. El objetivo final, según los firmantes, es reforzar una Atención Primaria capaz de responder a una población cada vez más envejecida y con necesidades sanitarias más complejas, aprovechando las competencias de quienes ya cuentan con una formación especializada para hacerlo.