La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha reclamado al Ayuntamiento de Valladolid y a la Junta de Castilla y León que revisen el nuevo Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal aprobado por la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid (VIVA), al considerar que la eliminación de la referencia expresa a las mujeres víctimas de violencia de género puede poner en riesgo la protección que la normativa les reconoce.

Redondo ha trasladado su "profunda preocupación" y "rechazo" ante el contenido del nuevo protocolo en sendas cartas dirigidas al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y a la vicepresidenta segunda de la Junta, Isabel Blanco. En ellas solicita que las víctimas de violencia de género vuelvan a aparecer de manera expresa como colectivo prioritario y de especial protección en el acceso a la vivienda pública.

El cambio introducido por VIVA sustituye la mención específica a las mujeres víctimas de violencia de género por una categoría más amplia de víctimas de violencia doméstica o en el ámbito familiar. Una modificación que, según la ministra, va mucho más allá de una cuestión de lenguaje.

"No estamos ante un simple cambio de denominación", advierte Redondo en su escrito al alcalde. A su juicio, la decisión puede tener consecuencias sobre el "ejercicio efectivo" de los derechos de las víctimas y llegar a provocar "una situación de indefensión para las mujeres víctimas de violencia de género en Valladolid".

La titular de Igualdad recuerda que tanto la legislación estatal como la normativa de Castilla y León reconocen de forma específica a estas mujeres como un colectivo prioritario y especialmente protegido a la hora de acceder a vivienda pública. Por ello, considera legítimo ampliar la protección a otras víctimas, pero rechaza que esa ampliación se realice eliminando la protección específica que las leyes establecen para las víctimas de violencia machista.

La vivienda, una herramienta para salir de la violencia

Redondo pone además el foco en la importancia que tiene el acceso a una vivienda para las mujeres que buscan abandonar una situación de violencia. "La vivienda constituye uno de los instrumentos fundamentales para que una mujer pueda romper con su agresor, recuperar su autonomía y construir una vida libre de violencia", señala.

En este sentido, alerta de que cualquier obstáculo o reducción de la prioridad reconocida a estas mujeres puede aumentar su vulnerabilidad y dificultar su proceso de salida de una situación de violencia.

La ministra considera especialmente preocupante que una administración pública pueda adoptar medidas que, en lugar de reforzar los derechos conquistados durante décadas, "puedan suponer un retroceso en su reconocimiento y protección".

"Los derechos de una mujer víctima de violencia de género no pueden depender de su código postal"

La carta remitida a la Junta de Castilla y León adquiere especial relevancia por las competencias autonómicas en materia de igualdad, vivienda y protección de las mujeres. Redondo reclama al Ejecutivo autonómico que actúe para garantizar que los derechos de las víctimas puedan ejercerse en igualdad de condiciones independientemente del municipio en el que residan.

"Los derechos de una mujer víctima de violencia de género no pueden depender de su código postal", sostiene la ministra.

Redondo considera que no sería comprensible que una mujer víctima de violencia de género residente en Valladolid pudiera disponer de una protección inferior en el acceso a una vivienda pública que otra mujer en la misma situación que viva en cualquier otro punto de Castilla y León.

Por este motivo, pide a la Junta que adopte las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente y favorecer la revisión del protocolo municipal.

El rechazo de las organizaciones de mujeres

La ministra también se hace eco de las críticas expresadas por las organizaciones feministas de Valladolid. En concreto, recoge las advertencias de la Coordinadora de Mujeres de Valladolid, que ha reclamado la rectificación del protocolo, estudia la posibilidad de recurrirlo judicialmente y no descarta movilizaciones.

La plataforma ha advertido de que Valladolid "no puede convertirse en un ‘laboratorio de involución’ de los derechos de las mujeres" y ha defendido que retirar la referencia concreta a las víctimas de violencia de género no supone únicamente una modificación del lenguaje, sino también un cambio en las prioridades establecidas.

"Es un clamor que las instituciones no deberíamos ignorar", sostiene Redondo, que reivindica el papel desarrollado durante décadas por las asociaciones de mujeres en la conquista y defensa de los derechos frente a la violencia machista.

Para la ministra, las administraciones deben escuchar las advertencias de estas organizaciones cuando alertan de que una decisión administrativa puede reducir la protección de las víctimas, analizar sus consecuencias y actuar para garantizar los derechos reconocidos por la legislación.

Redondo pide una rectificación "inmediata"

En su carta a Jesús Julio Carnero, la ministra reclama de forma expresa que el Ayuntamiento de Valladolid "revise de manera inmediata este protocolo" y vuelva a recoger de manera específica a las mujeres víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios y de especial protección.

Redondo ofrece al Consistorio la colaboración del Ministerio de Igualdad para avanzar en la protección de las mujeres, aunque deja claro que también mantendrá una posición firme cuando estén en juego derechos reconocidos legalmente a las víctimas de violencia de género.

La ministra vincula esta reclamación con el renovado Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que, según señala, compromete a todas las administraciones públicas a avanzar en una misma dirección y reforzar la prevención, la protección y los derechos de las víctimas.

"No podemos permitir retrocesos ni situaciones en las que esos derechos dependan de decisiones municipales que rebajen los estándares de protección establecidos por nuestras leyes", concluye Redondo, que confía en que tanto el Ayuntamiento como la Junta intervengan para garantizar que ninguna mujer víctima de violencia de género vea reducidos sus derechos en función del municipio en el que resida.