La Fundación Aliados por la Integración será la responsable de prestar durante los próximos años el servicio de atención residencial a menores infractores en el Centro Los Manzanos de Valladolid. La Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales ha seleccionado a la entidad dentro del proceso de acción concertada en el ámbito de la infancia, con un presupuesto de 2,7 millones de euros para el periodo comprendido entre 2026 y 2028.

La resolución ha sido publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y permitirá mantener la atención especializada que reciben en este recurso los menores y jóvenes que cumplen medidas judiciales acordadas por los órganos jurisdiccionales competentes.

Los Manzanos forma parte de la red de centros específicos de Castilla y León destinados a la ejecución de medidas judiciales. Su objetivo es proporcionar a los usuarios una atención integral en un entorno residencial, adaptada a las circunstancias y necesidades de cada menor.

El servicio busca además favorecer la autonomía personal y el desarrollo de capacidades, así como trabajar en la modificación de determinadas actitudes y en la adquisición de normas de convivencia que contribuyan a su proceso de resocialización, siempre dentro del marco establecido por la legislación sobre responsabilidad penal de los menores.

El contrato tendrá un coste de 405.931 euros en 2026, mientras que la partida ascenderá a 1,3 millones de euros en 2027 y se situará en 985.832 euros en 2028.

Desde la Consejería se ha destacado la experiencia de la Fundación Aliados por la Integración en la gestión de este tipo de recursos. Entre los aspectos valorados en su propuesta figura la adaptación del programa de intervención a las Teorías Psicológicas Integradoras, además de la puesta en marcha de programas específicos destinados a prevenir la violencia exogrupal.

Según la Administración autonómica, estas medidas permiten desarrollar una intervención más especializada y adaptada a las necesidades de los usuarios. También se ha valorado de forma positiva la adecuación del servicio de alimentación a las nuevas normativas y la incorporación de las mejoras contempladas en la convocatoria.

La adjudicación permitirá así mantener en funcionamiento el recurso vallisoletano durante los próximos tres años, con una atención centrada tanto en el cumplimiento de las medidas judiciales como en el proceso educativo y de reintegración social de los jóvenes.