El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid ha denunciado la "inseguridad" e "incertidumbre" que, a su juicio, genera la gestión de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) por parte del equipo de Gobierno formado por PP y Vox, al mantener el régimen sancionador pese a que la ordenanza municipal fue anulada por los tribunales.

Según los datos facilitados por la Concejalía al PSOE, desde la entrada en vigor de las sanciones se han tramitado 23.298 expedientes, lo que supondría una recaudación aproximada de 4,6 millones de euros, ya que cada multa asciende a 200 euros. Los socialistas precisan, no obstante, que la cifra definitiva dependerá de descuentos por pronto pago y de otras circunstancias administrativas.

El concejal socialista Luis Vélez criticó además la creación del grupo de trabajo técnico y del comité municipal de seguimiento de la ZBE, anunciados por el equipo de Gobierno a finales de 2025. A su juicio, ambos órganos han sido un "paripé", ya que apenas se han reunido y no han contribuido a resolver la situación.

La Ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones entró en vigor el 1 de enero de 2025, aunque las sanciones a los vehículos que accedían sin distintivo ambiental comenzaron a imponerse el 1 de julio de ese mismo año.

El PSOE recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) declaró nula la ordenanza de la ZBE mediante una sentencia dictada el 16 de marzo de 2026, al estimar el recurso presentado por la Asociación Liberum.

Según Vélez, el equipo de Gobierno ha optado por recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo e iniciar de forma paralela el procedimiento para modificar la ordenanza, aunque todavía no existe una fecha para resolver el problema jurídico.

El edil socialista sostiene que los cambios de criterio del Ejecutivo municipal durante el mandato están generando perjuicios para la ciudadanía, así como incertidumbre e inseguridad jurídica tanto para los vecinos como para quienes visitan la ciudad.