La concejala de Valladolid Toma la Palabra (VTLP), Cristina Colino, ha criticado la aprobación este miércoles, en el Consejo de Administración de VIVA, del convenio entre el Ayuntamiento de Valladolid, la sociedad municipal y la Cámara de la Propiedad Urbana para la creación de una oficina de información antiocupación.

Según ha explicado la edil, el servicio al que hace referencia el convenio "no se está creando", ya que, según afirma, funciona desde junio de 2023 en la sede de la Cámara de la Propiedad Urbana gracias a un convenio suscrito con la Junta de Castilla y León. "Lo único que hace el Ayuntamiento hoy es poner su sello en algo que ya existía", ha asegurado.

Desde VTLP consideran que el acuerdo responde a un problema que "no existe" en Valladolid. La formación sostiene que la propia Consejería de Vivienda ha reconocido que la mayor parte de los casos atendidos por este tipo de oficinas están relacionados con impagos de alquiler y no con ocupaciones ilegales, además de señalar que la intervención policial ha sido "muy poco" frecuente. Asimismo, recuerda que los datos de la Fiscalía reflejan un descenso continuado de las diligencias por usurpación.

Colino ha vinculado la firma del convenio con la estrategia política impulsada, a su juicio, por la extrema derecha. "Este convenio no nace de una necesidad real en Valladolid, nace de un argumentario que la extrema derecha lleva años instalando. Fue la extrema derecha quien en plena campaña de 2023 convirtió la 'ocupación' en bandera electoral, y hoy vemos cómo el PP ha terminado asumiéndolo como propio, primero desde la Junta y ahora también desde este Ayuntamiento", ha manifestado. En este sentido, la concejala ha afirmado que la medida no responde a un problema de seguridad, sino que supone "la enésima vez que se convierte un fenómeno marginal en arma política".

Por último, la concejala de Valladolid Toma la Palabra ha defendido que la ciudad afronta otros desafíos prioritarios en materia de vivienda, como el acceso a un alquiler asequible, la rehabilitación del parque público o la atención a las familias en situación de emergencia habitacional. En su opinión, destinar recursos municipales a este convenio implica "mirar hacia otro lado ante lo que verdaderamente sufren las vecinas y vecinos".