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El Gobierno mantiene el tren entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia tras superar la evaluación
El Consejo de Ministros prorroga este corredor, en funcionamiento desde 2023, al considerarlo un servicio eficiente para la movilidad cotidiana y la cohesión territorial
El Gobierno ha aprobado la continuidad del servicio ferroviario de proximidad entre Medina del Campo, Valladolid y Palencia, una conexión que se puso en marcha en 2023 como proyecto piloto y que seguirá prestándose hasta la finalización del contrato entre la Administración General del Estado y Renfe, incluida una posible prórroga.
La decisión ha sido adoptada este martes por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, tras evaluar el funcionamiento de los cinco corredores ferroviarios de proximidad creados hace tres años.
En el caso de la línea Medina del Campo-Valladolid-Palencia, el Ejecutivo concluye que tanto los servicios físicos como los sinergiados son eficientes, por lo que continuarán formando parte de las Obligaciones de Servicio Público (OSP).
El análisis realizado por el Ministerio sitúa a este corredor entre los cuatro de los cinco servicios físicos que han superado la evaluación, junto a los de Palma del Río-Villa del Río, Madrid-Fuenlabrada-Illescas y Murcia-Cartagena. Además, todos los servicios sinergiados analizados, incluido el de la línea vallisoletana, también han sido considerados eficientes.
Los servicios ferroviarios de proximidad nacieron en 2023 para cubrir un espacio intermedio entre los trenes de Cercanías y los de Media Distancia convencional, con el objetivo de facilitar los desplazamientos diarios por motivos laborales, educativos o personales en territorios donde no existe una red de Cercanías.
Para evaluar su continuidad, el Ministerio ha tenido en cuenta el grado de ocupación de los trenes, la cobertura de los costes mediante los ingresos y el uso recurrente por parte de viajeros habituales, considerando como usuarios recurrentes a quienes realizan al menos 16 viajes en un periodo de cuatro meses.
El Gobierno ha anunciado que estos servicios volverán a revisarse en un plazo máximo de cuatro años para determinar si mantienen su condición de Obligación de Servicio Público.
Desde el Ministerio de Transportes defienden que la continuidad de este tipo de conexiones responde al objetivo de garantizar el derecho a la movilidad, reforzar la cohesión territorial y ofrecer alternativas sostenibles al vehículo privado, especialmente en corredores utilizados a diario por miles de viajeros.
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