El Grupo Municipal Socialista de Valladolid defenderá en el próximo Pleno una moción para instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a eliminar las restricciones en el acceso a los abonos y bonificaciones del transporte público que, según denuncia, están perjudicando a miles de vallisoletanos que se desplazan con frecuencia a la capital.

La iniciativa reclama al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que suprima cualquier limitación basada exclusivamente en el empadronamiento en la Comunidad de Madrid, al considerar que esta condición excluye en la práctica a trabajadores, estudiantes y otros usuarios habituales procedentes de otras comunidades autónomas.

El portavoz socialista, Luis Vélez, sostiene que estas medidas tienen un impacto especialmente negativo en Valladolid debido a la estrecha relación que mantiene la ciudad con Madrid gracias a las conexiones ferroviarias de alta velocidad. Según recoge la moción, numerosos vallisoletanos viajan regularmente a la capital por motivos laborales, académicos, sanitarios, profesionales o administrativos.

Además, el Grupo Municipal Socialista advierte de que estas restricciones pueden tener consecuencias sobre la movilidad sostenible. "Penalizar económicamente a quienes utilizan el transporte público para desplazarse entre Valladolid y Madrid supone desincentivar, precisamente, los comportamientos de movilidad más sostenibles y eficientes", afirma Vélez.

La moción también solicita que la Comunidad de Madrid establezca mecanismos para que trabajadores, estudiantes y usuarios habituales procedentes de otras autonomías puedan acceder a condiciones de uso y bonificación equivalentes a las de los residentes, especialmente en los desplazamientos recurrentes vinculados al empleo, los estudios o la atención sanitaria.

Cuatro acuerdos

El texto que debatirá el Pleno incluye cuatro propuestas de acuerdo. La primera insta a la Comunidad de Madrid a eliminar cualquier restricción en el acceso a los abonos y descuentos del transporte público basada únicamente en el empadronamiento.

En segundo lugar, pide que se habiliten fórmulas para que los usuarios frecuentes de otras comunidades puedan beneficiarse de las mismas condiciones que los residentes madrileños.

Asimismo, el Grupo Socialista solicita que la Junta de Castilla y León defienda los intereses de los castellanos y leoneses potencialmente afectados por estas medidas tanto ante la Comunidad de Madrid como ante el Gobierno de España.

Por último, propone trasladar el acuerdo a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Junta de Castilla y León, así como a la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y a la Federación Española de Municipios y Provincias.