Varias de las trece víctimas liberadas en el marco de la denominada 'Operación Tentaciones', desarrollada por la Policía Nacional en Valladolid en noviembre de 2022, han declarado en la Audiencia Provincial durante la segunda jornada del juicio, ofreciendo un relato detallado sobre las condiciones de explotación que sufrían.

Según sus declaraciones, "las mujeres estaban obligadas a permanecer disponibles las 24 horas del día", no podían rechazar clientes ni establecer el precio de los servicios sexuales, que eran controlados por la organización.

Las testigos señalan como principal responsable a la denominada 'madame', identificada como Lorenza C.P., de origen paraguayo y actualmente en paradero desconocido, sobre quien pesa una orden de busca y captura. Para ella, la Fiscalía solicita una pena de 52 años de prisión. Según el relato judicial, era quien dirigía el funcionamiento del piso y organizaba la actividad, incluyendo la contratación de un fotógrafo para realizar imágenes que después eran utilizadas en anuncios en páginas web de contactos.

Las víctimas también han indicado que, junto a los servicios sexuales, se ofrecía a los clientes la posibilidad de consumir cocaína mediante palabras clave como "caramelo" o "postre". La droga, según sus testimonios, se encontraba en el interior del inmueble y era controlada por la principal acusada o por otra de las procesadas, María Ángeles P.G., prima de la supuesta cabecilla.

Una de las testigos afirmó que la gran mayoría de los clientes solicitaba también el consumo de estupefacientes, aunque ninguna pudo identificar con certeza quién suministraba la droga al domicilio. Asimismo, explicaron que aproximadamente "la mitad del dinero obtenido era retenido por la organización", y que muchos pagos se realizaban a través de Bizum o tarjeta bancaria a cuentas vinculadas a la principal acusada.

El juicio ha puesto también el foco en las condiciones de vida dentro del piso, donde las mujeres residían hacinadas en una habitación con literas, bajo vigilancia mediante cámaras, y solo podían salir con autorización. El resto de estancias se utilizaban para la prestación de los servicios sexuales.

Algunas víctimas relataron jornadas de trabajo extremadamente largas, llegando a casos de hasta ocho horas continuadas con un mismo cliente. Una de ellas explicó que decidió abandonar el piso tras no cobrar un servicio y denunciar la situación a la Policía Nacional. Otra afirmó que "dejó la actividad por la falta de descanso debido al elevado número de clientes2.

Las testigos han señalado que su situación de vulnerabilidad, al encontrarse en situación irregular en España y con necesidades económicas, fue un factor determinante para entrar en la red, ya que en muchos casos enviaban dinero a sus familias en Paraguay.

En el procedimiento judicial también figuran otros acusados: María Ángeles P.G., para quien se solicitan 23 años de prisión; Javier R.A., pareja de la principal investigada en el momento de los hechos; y Mirta Graciela G.M. y Hugo Javier A.A., con peticiones de condena que oscilan entre los 18 y los 8 años.

El juicio continúa en la Audiencia Provincial y su finalización está prevista para este viernes, 25 de junio.