La Audiencia Provincial de Valladolid ha comenzado a juzgar a los integrantes de una presunta organización criminal dedicada a la trata de mujeres con fines de explotación sexual, una causa que ha sacado a la luz el funcionamiento interno de una red que, según la investigación policial, sometía a sus víctimas a un férreo control y las obligaba a ejercer la prostitución en condiciones degradantes.

Durante la primera sesión del juicio, los agentes de la Policía Nacional que participaron en la investigación expusieron cómo las mujeres captadas por la organización carecían de autonomía para desarrollar su actividad. Según su testimonio, "no podían seleccionar clientes ni rechazar servicios y debían permanecer disponibles de forma permanente para atender las demandas gestionadas por los responsables de la trama".

La vista oral se ha iniciado sin la presencia de la principal acusada, considerada por la Fiscalía como la dirigente de la organización y sobre la que pesa una orden de búsqueda y captura tras no comparecer ante el tribunal. Ante esta situación, los magistrados han decidido continuar con el procedimiento respecto al resto de procesados y dejar abierta la posibilidad de celebrar una causa separada si la acusada es localizada.

Los investigadores explicaron que la organización centraba su actividad en la captación de mujeres jóvenes en Paraguay, muchas de ellas con cargas familiares y en situaciones económicas precarias. Una vez en España, las víctimas descubrían una realidad muy distinta a la que se les había planteado inicialmente, encontrándose sometidas a normas estrictas y a una vigilancia constante.

La investigación sostiene que las mujeres residían en condiciones de hacinamiento y que los inmuebles utilizados por la red contaban con sistemas de cámaras y micrófonos para supervisar su actividad. Además, los responsables de la organización gestionaban directamente los contactos con los clientes, fijaban tarifas y horarios y controlaban los ingresos generados por los servicios sexuales.

Según la Policía, una parte importante del dinero obtenido "se destinaba a saldar supuestas deudas derivadas del traslado y mantenimiento de las víctimas", un mecanismo que dificultaba que pudieran abandonar la organización. Los agentes también señalaron que la red utilizaba documentación y contratos aparentes para presentar la actividad como un ejercicio voluntario de la prostitución en caso de inspecciones o actuaciones policiales.

La denominada operación policial que dio origen al procedimiento judicial se desarrolló durante más de un año y culminó a finales de 2022 con la desarticulación de la organización y la liberación de varias mujeres. Las pesquisas comenzaron tras detectar anuncios en internet vinculados a servicios sexuales y gracias a la colaboración de una de las víctimas, cuyo testimonio permitió reconstruir el funcionamiento de la red.

La Fiscalía mantiene acusaciones por delitos relacionados con la trata de seres humanos, la prostitución coactiva, la pertenencia a organización criminal, el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, entre otros. El juicio continuará en próximas sesiones con la declaración de nuevos testigos y la práctica de más pruebas para esclarecer la responsabilidad de cada uno de los acusados.