Cinco personas serán juzgadas desde el próximo martes en la Audiencia Provincial de Valladolid acusadas de integrar una red dedicada a la captación de mujeres en Paraguay para su explotación sexual en España, donde presuntamente vivían hacinadas en una vivienda de la capital.

El Ministerio Fiscal solicita penas que oscilan entre los 52 años de prisión, en el caso de la principal acusada, Lorenza C.P., y los ocho años para el procesado con menor responsabilidad. En concreto, pide 24 años para María Ángeles P.G., 18 para Mirta G.G.M., nueve años y ocho meses para Hugo J.A.A. y ocho años para Javier R.A.

La vista oral, fijada para los días 23, 24 y 25 de junio, juzgará hechos ocurridos entre la segunda mitad de 2021 y finales de noviembre de 2022. El procedimiento sufrió un retraso después de que el pasado 3 de marzo el tribunal dictara una orden de detención internacional contra Lorenza C.P., quien no compareció en la fecha inicialmente señalada.

Según las conclusiones provisionales de la Fiscalía, la investigación policial destapó un entramado criminal en el que los acusados desempeñaban distintos roles para captar a mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad en Paraguay y trasladarlas a España con fines de explotación sexual.

La principal encausada habría dirigido toda la operativa, organizando y financiando los viajes, así como controlando el proceso desde la captación hasta la explotación de las víctimas. En algunos casos, las trasladaba a través de una ruta que incluía Brasil y Francia antes de llegar a territorio español. Una vez en Valladolid, las mujeres eran alojadas en una vivienda donde, según el fiscal, permanecían bajo estrictas condiciones de control. Debían estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas, y solo podían salir del domicilio durante un máximo de dos horas diarias y de forma individual, previa autorización.

El inmueble contaba con cámaras de videovigilancia y audio para supervisar su actividad, y las víctimas residían en condiciones de hacinamiento, compartiendo habitaciones con literas entre cuatro y cinco personas. Además, la red presuntamente publicitaba a las mujeres en páginas de contactos sexuales mediante fotografías realizadas por un profesional. En la vivienda también se suministraban, en ocasiones, sustancias como cocaína y pastillas para potenciar la actividad sexual, cuya adquisición y traslado se atribuye a uno de los acusados.

La Fiscalía sostiene que, con el fin de eludir responsabilidades, la principal encausada delegó parte de la gestión en una familiar, mientras que otros miembros del grupo se encargaban de la captación de víctimas en Paraguay. El ministerio público atribuye a Lorenza C.P. delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva en grado de tentativa, aprovechamiento de la prostitución ajena, tráfico de drogas, blanqueo de capitales, contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y pertenencia a grupo criminal, entre otros.

El resto de acusados se enfrentan a distintos cargos en función de su implicación en la red, que incluyen trata de seres humanos, prostitución coactiva, tráfico de drogas y pertenencia a grupo criminal. El juicio permitirá esclarecer el alcance de esta presunta organización y las condiciones en las que vivían y eran explotadas las víctimas.