El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha reclamado una revisión urgente del servicio público de alquiler de bicicletas BIKI ante lo que considera un "deterioro progresivo" del sistema desde la entrada en vigor del nuevo contrato de mantenimiento. El concejal socialista Luis Vélez ha trasladado esta preocupación en la Comisión de Movilidad, Urbanismo, Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad, donde ha registrado una batería de preguntas dirigidas al equipo de gobierno de PP y Vox para esclarecer la situación del servicio. BIKI, puesto en marcha el 1 de febrero de 2023, cuenta actualmente con 928 bicicletas -la mitad eléctricas-, cerca de 1.900 puntos de anclaje y 104 estaciones distribuidas por la ciudad de Valladolid. Pese al crecimiento constante de usuarios, el PSOE denuncia un empeoramiento del funcionamiento cotidiano.

Entre los problemas detectados, destacan estaciones vacías o sin bicicletas eléctricas, fallos en los anclajes y un aumento de bicicletas averiadas o en mal estado. Según las quejas ciudadanas recogidas por el grupo, son frecuentes incidencias como ruedas desgastadas, frenos defectuosos, cadenas rotas, luces inoperativas o fallos en las baterías. Los socialistas advierten de que esta situación afecta directamente a la movilidad urbana, especialmente en horas punta, cuando estaciones con alta demanda como Paseo Zorrilla, Fuente Dorada, Arco de Ladrillo o plaza Juan Pablo II aparecen sin bicicletas disponibles: "La incertidumbre sustituye a la seguridad".

El contrato de mantenimiento, logística y coordinación del sistema, adjudicado el 28 de diciembre de 2025 a la empresa Serveo Servicios S.A.U. por un importe de 2,95 millones de euros, es uno de los puntos clave de la crítica socialista, que reclama verificar si se está cumpliendo el pliego de condiciones. Entre las medidas propuestas, el PSOE plantea reforzar el mantenimiento preventivo, mejorar la redistribución de bicicletas -especialmente en franjas de alta demanda-, realizar auditorías de disponibilidad por estaciones y sustituir de forma inmediata los elementos deteriorados que afecten a la seguridad.

Además, la formación ha puesto el foco en la situación laboral del servicio tras la denuncia del sindicato UGT, que ha alertado de un empeoramiento de las condiciones de los trabajadores, con problemas organizativos, cambios de turno y dificultades para la conciliación. En este contexto, Vélez ha planteado nueve preguntas al equipo de gobierno, entre ellas si se han iniciado expedientes de penalización a la empresa adjudicataria, qué medidas se adoptarán para solucionar la falta de bicicletas y averías, o si existen planes de ampliación del sistema mediante acuerdos con empresas o municipios del entorno.