El juicio contra los cuatro acusados de integrar una red dedicada a la explotación sexual de mujeres captadas en Latinoamérica ha arrancado este lunes en la Audiencia Provincial de Valladolid con el testimonio de una inspectora jefa de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos, quien ha descrito un sistema de control y sometimiento que obligaba a las víctimas a prostituirse "las 24 horas del día", incluso cuando estaban enfermas.

La agente explicó que la organización captaba a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad económica en países como Colombia o Venezuela, muchas de ellas con hijos o familiares a su cargo, a las que prometían una oportunidad laboral en España. Una vez llegaban al país, eran trasladadas a pisos ubicados en distintas ciudades, entre ellas Valladolid, donde comenzaba la explotación.

Según detalló durante la vista oral, los acusados hacían creer a las víctimas que habían contraído una deuda de alrededor de 6.500 euros por los gastos del viaje, una cifra muy superior al coste real, que oscilaba entre los 700 y los 1.500 euros. Hasta saldar esa supuesta deuda, todo el dinero obtenido mediante la prostitución quedaba en manos de la organización.

La inspectora relató además que las mujeres eran privadas de sus pasaportes y documentación, carecían de libertad de movimientos y dependían de los procesados incluso para necesidades básicas como comer, ducharse o acudir al médico. También señaló que era habitual que los responsables de estas redes utilizaran información sobre las familias de las víctimas como elemento de presión y amenaza para garantizar su obediencia.

Durante la investigación, la Policía realizó un registro en la vivienda de una de las acusadas en Torrelavega, donde localizó fajos de billetes ocultos en una maleta y un cuaderno con anotaciones que reflejaban la contabilidad de la actividad. Según los cálculos de los investigadores, la organización habría obtenido cerca de 300.000 euros entre marzo de 2022 y noviembre de 2023.

La Fiscalía considera que las víctimas fueron explotadas en diferentes ciudades españolas, entre ellas Valladolid, Santander, Gijón, Irún y Logroño. Por estos hechos solicita para la principal acusada 27 años de prisión, mientras que para el resto de procesados reclama penas que oscilan entre los nueve y los dieciocho años de cárcel.

El juicio continuará este martes con la declaración de nuevos testigos y de las víctimas, que comparecerán bajo medidas de protección.