El juicio del conocido como Caso Ataúdes afronta su recta final con el informe de la Fiscalía, que mantiene que entre 1995 y 2015 el Grupo funerario El Salvador de Valladolid llevó a cabo de forma sistemática cambios de féretros antes de las incineraciones para revenderlos posteriormente, una práctica que, según sostiene el Ministerio Público, se realizó siguiendo instrucciones de los responsables de la empresa y con la participación coordinada de varios trabajadores.

Durante cerca de tres horas de exposición, el fiscal defendió ante la Audiencia Provincial que existe una prueba "bastante, suficiente, contundente y aplastante" para sostener las acusaciones contra los 23 procesados, para quienes solicita penas que oscilan entre los dos y los veinte años de prisión, según el grado de participación atribuido a cada uno.

Uno de los pilares de la acusación son las 26 libretas, tres archivadores, catorce carretes fotográficos, varios sobres con imágenes y tres memorias USB que conservaba Justo M.G., trabajador ya fallecido de la funeraria, y en los que, según la Fiscalía, quedaron registradas miles de incidencias relacionadas con cambios de ataúdes y reutilización de elementos funerarios.

A partir de esa documentación, el Ministerio Público cifra en 5.308 las anotaciones vinculadas a sustituciones de féretros y sostiene que algunos cadáveres fueron trasladados para ser incinerados en el crematorio de Santovenia de Pisuerga sin conocimiento de sus familiares.

El fiscal también recordó que dos agentes de Policía Nacional declararon durante el juicio que alrededor de 150 familias identificaron en fotografías a sus allegados sobre elementos distintos a los féretros que habían adquirido. Asimismo, rechazó la versión de varios trabajadores que aseguraron desconocer estas prácticas hasta la intervención policial de 2019. A juicio de la Fiscalía, al menos debían conocerlas desde 2017, cuando un representante de la empresa denunció una supuesta extorsión por parte de Justo M.G., quien amenazó con hacer pública la documentación que había recopilado.

La acusación sostiene además que la manipulación de los cadáveres reflejada en las fotografías no podía ser realizada por una sola persona y requería la participación coordinada de varios empleados. Entre los delitos que la Fiscalía atribuye a los procesados figuran organización criminal, apropiación indebida, estafa, delitos contra el respeto a los difuntos, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Por su parte, las defensas mantienen la petición de absolución para sus representados y algunas han solicitado que se tenga en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas muy cualificadas. El juicio continuará en los próximos días con los informes finales de las defensas antes de quedar visto para sentencia.