El caso Leire, que el juez Santiago Pedraz comenzó a investigar en secreto en diciembre, ha destapado una presunta trama, supuestamente financiada "con cargo a fondos" del PSOE, para "atacar la correcta dirección de las investigaciones" abiertas a la mujer y al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, o que pudieran perjudicar a miembros del partido.

A primera hora de la mañana saltaba la noticia de que agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se habían personado en la sede del PSOE en la madrileña calle de Ferraz.

Tras cierta confusión sobre el motivo de la irrupción de los agentes, se aclaraba que su misión era, entre otras, la de requerir diversa documentación y archivos electrónicos relativa a esos presuntos pagos irregulares a la exmilitante del partido Leire Díez por sus servicios al frente de esa supuesta trama.

De forma simultánea, la UCO también practicaba este miércoles registros en la vivienda del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en Milagro (Navarra), en la del exvicepresidente de la Junta de Andalucía Gaspar Zarrías en Madrid, y en la del empresario Javier Pérez Dolset en la Comunidad de Madrid.

Después se conocía que los tres han sido imputados por el juez Pedraz en el llamado caso Leire como integrantes de esa trama por delitos de organización criminal, plurales delitos de cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.

4.000 euros al mes para Leire Díez

En el auto en el que acuerda estas imputaciones, el juez desvelaba que Cerdán habría acordado con Díez "remunerarla con 4.000 euros mensuales con cargo a los fondos del partido" (llegó a percibir cuatro pagos), mientras que Zarrías "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Otros nuevos imputados son el abogado Ismael Oliver, quien ejerció un tiempo la defensa del exasesor ministerial Koldo García, y que según el juez "sería el vehículo de pago de las cantidades destinadas a Leire a través de sus sociedades". De hecho, fue el procedimiento de pago ideado para sustituir al de Zarrías y por el que Leire Díez llegó a percibir 27.225 euros.

También configuran la trama el letrado Jacobo Teijelo, que ejerce la defensa de Cerdán en el caso Koldo, y el capitán de la Guardia Civil que formó parte de la UCO Juan Sánchez Yepes, al que representa Teijelo en el caso Gaslow sobre un fraude de hidrocarburos, que también investiga Pedraz. Sánchez Yepes, según el auto, "también factura sus servicios al PSOE".

Los investigadores sospechan que para "articular dichos pagos" se contó "con el presumible concierto" de la gerente del PSOE Ana María Fuentes, que también ha sido imputada, al menos como autora de un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas mendaces.

Pedraz señala que Cerdán "habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del partido, que desde sus inicios soportó el coste" de esta actividad que ahora se investiga.

Ofrecimientos a Guardia Civil, fiscales e investigados

El plan de actuación habría incluido ofrecimiento de remuneraciones o favores a miembros de la Guardia Civil, fiscales e investigados "a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de su cargo". En ejecución de dicho plan se dirigieron sucesivas denuncias "infundadas" contra la jueza Beatriz Biedma, así como contra la Fiscalía Anticorrupción que dirige Alejandro Luzón o la UCO.

Según Pedraz, la organización también llegó a ofrecer 50.000 euros a Carmen Pano -la empresaria que declaró ante el juez que había llevado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE- para modificar o condicionar su declaración testifical.

El abogado Ismael Oliver habría sido el encargado de negociarlo y el juez ve indicios de que el ofrecimiento se materializó a través de Leticia de la Hoz, actual abogada de Koldo García.

El auto recoge al menos 22 reuniones en la sede del PSOE en Ferraz, la mayoría entre Leire Díez y Cerdán. En la primera reunión, del 26 de abril de 2024, según el auto, participaron también Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano, que fue entre 2014 y 2018 jefe de gabinete de Pedro Sánchez en Ferraz; e Ion Antolín, entonces responsable de comunicación del PSOE.

"Intentamos contactar con el PSOE dos años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe", escribe Díez en unas anotaciones manuscritas, dice Pedraz, que añade que Cerdán sabía que esa militante, "por intereses de ámbito personal", había desarrollado con anterioridad actividades de "injerencia" en procedimientos judiciales.

Indicios contra el expresidente de Correos

El juez también ha hallado indicios de que el expresidente de Correos Juan Manuel Serrano Quintana y el que fuera mano derecha de Cerdán, Juan Francisco Serrano Martínez, actual diputado del PSOE por Jaén y parte de la Ejecutiva socialista, habrían colaborado con los investigados, aunque considera que habrá que esperar al desarrollo de la investigación para concretar su responsabilidad penal.

El juez sitúa el "punto de inflexión" de este encargo en la reunión que Leire Díez y Pérez Dolset mantuvieron con Cerdán en Ferraz en abril de 2024, coincidiendo con los días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez tras la imputación de su mujer, Begoña Gómez, tras mandar una carta a la ciudadanía.