El juez Juan Carlos Peinado ha citado el próximo 9 de junio a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la audiencia previa de cara al posible juicio con jurado por cuatro delitos: corrupción en los negocios, malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida.

Junto a Begoña Gómez, el juez cita a los otros dos investigados - la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés- y les advierte de que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

El magistrado Juan Carlos Peinado rechazó recientemente los recursos que pedían archivar la investigación contra los tres imputados e insistió en enviarles a un juicio por jurado, como propuso al finalizar la fase de instrucción el pasado mes de abril. Sin embargo, la Audiencia Provincial tiene pendiente decidir al respecto. 

El último informe de la UCO

Al hilo, cabe recordar que la UCO de la Guardia Civil ha concluido que la cátedra que codirigió Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se creó según los trámites previstos, si bien pone el foco en adjudicaciones "premeditadas" para la puesta en marcha de un software.

La Unidad Central Operativa (UCO) entregaba este lunes al juez Juan Carlos Peinado un informe de 317 páginas con varios anexos, al que ha tenido acceso EFE, sobre la creación de la cátedra y una plataforma de medición de impacto social y medioambiental, así como los movimientos bancarios de Gómez.

Los agentes han concluido que "la información bancaria concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales" de Begoña Gómez, y respecto a la cátedra afirman que "se nutre de diferentes colaboradores", todo ello "acorde con lo dispuesto por la UCM en lo relativo a cátedras extraordinarias y a la normativa común".

Ahora bien, llama la "atención" sobre la contratación de dos empresas para desarrollar la mencionada plataforma: Deloitte Consulting y Making Science Group.

La contratación de Deloitte, una de las empresas patrocinadoras de la plataforma, se tramitó con dos expedientes elaborados como "un mero marco administrativo" para darle "apariencia de legalidad", si bien "al margen del procedimiento establecido en la normativa", dice el informe.

Los pagos a la consultora se sustentaron en un contrato menor y en un procedimiento abierto simplificado, según la UCO, que afirma que las adjudicaciones a Deloitte "estaban premeditadas" y "la consultora ya había iniciado sus funciones con anterioridad".

Añaden los investigadores que "la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución de ambos contratos", y que los requisitos y condiciones exigidos "se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio".

Y deducen que "se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte", con "discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados".

Respecto a las cuentas, tras analizar los montantes entre 2019 hasta 2024, la UCO concluye que hay concordancia con sus actividades profesionales, y destaca abonos de la Universidad Complutense o su Fundación a una cuenta suya del BBVA.