La ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid ha respondido a la presidenta de la Comunidad de Madrid
Vía libre a la regularización de inmigrantes: el Supremo deniega la suspensión cautelar de la medida
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza paralizar cautelarmente el proceso de regularización como habían pedido varios partidos, asociaciones y autonomías
El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes que está llevando a cabo el Gobierno, como habían solicitado la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha tomado esta decisión después de celebrar cinco vistas en las que ha escuchado los argumentos de los cinco solicitantes -el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia- y del Gobierno, que ha pedido no frenar la medida.
Según ha adelantado la Sala, tras más de tres horas de deliberación, también ha rechazado admitir a trámite los recursos de Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica al considerar que no están legitimados para impugnar la medida ante la Justicia.
Sí que ha admitido la legitimación de Vox y la Comunidad de Madrid, pero ha rechazado la suspensión cautelar del real decreto que instaban. Sus argumentos se conocerán en los próximos días.
El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país. Hasta ayer, el Ejecutivo había recibido 549.596 solicitudes, de las cuales 91.505 habían sido admitidas a trámite, lo que significa la concesión de una primera autorización provisional para residir y trabajar en España, recoge la Agencia EFE.
Según los datos aportados por el vicepresidente y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, el número de menores filiados e identificados supera ligeramente los 2.900
La empresa había rechazado la petición porque la empleada no convivía con su madre, diagnosticada de alzheimer y con un 65% de discapacidad
La presidenta de Madrid defiende la compra del inmueble de Chamberí por 6,3 millones y el Gobierno central pide su dimisión








