El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha valorado el reciente acto de la Audiencia Nacional que deniega a la Junta de Castilla y León las medidas cautelares sobre el convenio de integración ferroviaria. El regidor ha subrayado que esta resolución afecta exclusivamente a la administración autonómica y que el Ayuntamiento permanece a la espera de que los órganos jurisdiccionales se pronuncien sobre su propia petición y, fundamentalmente, sobre el fondo del recurso interpuesto.

La controversia tiene su origen en la decisión del Gobierno de España de abandonar "de manera unilateral" el convenio de integración de 2017. El Ejecutivo central justificó esta ruptura alegando una actitud obstructiva y supuestos incumplimientos por parte del Ayuntamiento de Valladolid y de la Junta de Castilla y León. Ante esta situación, ambas instituciones presentaron recursos independientes para evitar la extinción del acuerdo y han solicitado la paralización de su suspensión como medida cautelar, algo que el propio alcalde asegura desconocer: "Desconozco los argumentos de la Junta, por tanto, no le puedo entrar a los mismos".

Asimismo, Carnero ha manifestado su "total y absoluto respeto" a la decisión judicial conocida respecto a la Junta, pero ha incidido en que la situación municipal no ha variado. El regidor ha reiterado que el Ayuntamiento de Valladolid "no ha incurrido en incumplimientos", y ha defendido que durante el presente mandato se han ejecutado "actuaciones clave como la finalización del túnel de Panaderos, las obras en Padre Claret y la entrega a Renfe de los terrenos de los nuevos talleres".

Además, Carnero ha señalado que la prioridad del Consistorio es que "la Justicia determine si las causas alegadas por el Ministerio de Transportes para disolver el convenio son veraces". Ha sostenido que no existe una planificación incumplida por parte de la ciudad y ha recordado que aún "hay activos pendientes de gestión por parte de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, como la urbanización de los antiguos terrenos de los talleres de Renfe".

Finalmente, el primer edil ha reiterado que el objetivo principal es la resolución del recurso de fondo. Hasta que se produzca ese fallo, el equipo de gobierno municipal mantendrá su postura respecto al convenio firmado en 2017, el cual pretendía modificar. En este sentido, ha argumentado que el Ayuntamiento "ha cumplido con sus compromisos y que el abandono del acuerdo por parte del Gobierno central carece de fundamento en lo que respecta a la gestión municipal".