El Grupo El Salvador ha emitido este sábado, 2 de mayo de 2026, un comunicado oficial a los medios de comunicación cuando aún quedan semanas para que concluya el jucio por el conocido 'caso ataudes'. En el escrito, la compañía funeraria expone su valoración sobre el estado actual del proceso judicial, conocido como 'Operación Ignis', en el que se investiga el presunto "cambiazo" de cerca de 6.000 ataúdes entre los años 1995 y 2015.

Desde la postura de la defensa, el grupo ha "valorado positivamente" los testimonios escuchados durante las últimas dos semanas de la vista oral. Según sostiene la entidad, las declaraciones de trabajadores y extrabajadores han venido a "reafirmar la postura que el Grupo ha mantenido desde el inicio del procedimiento", negando de forma unánime la existencia de una operativa sistemática de reutilización de féretros o flores.

Cuestionamiento del origen de la investigación

Una de las claves del comunicado reside en el ataque a la credibilidad de Justo M., el extrabajador ya fallecido cuyas anotaciones y fotografías dieron origen a la investigación policial. El Grupo El Salvador subraya que este empleado fue condenado por un "chantaje probado" contra la familia Morchón, propietaria de la empresa.

Bajo la visión de la compañía, los testimonios recientes describen a Justo M. como una persona con una relación personal deteriorada con los dueños, motivada por una supuesta "envidia o inquina". Algunos testigos de la defensa han llegado a definirlo como un "personaje muy raro" y "huraño" que actuaba por cuenta propia.

Defensa de la inocencia y confianza en la justicia

El comunicado hace especial hincapié en que los comparecientes vinculados a la labor funeraria han expresado su "sorpresa" ante las acusaciones, asegurando no haber presenciado nunca prácticas irregulares durante los procesos de incineración. Esta versión contrasta con el escrito de la Fiscalía, que solicita más de 200 años de cárcel para los 23 acusados, incluyendo a la viuda y los hijos del fundador del grupo, por delitos que incluyen estafa agravada y profanación de cadáveres.

Finalmente, los responsables del Grupo El Salvador manifiestan su confianza en que el avance del juicio y la próxima intervención de los peritos judiciales "continúen evidenciando la falta de veracidad de las acusaciones". La compañía insiste en defender la integridad de sus trabajadores y de los servicios funerarios prestados a lo largo de las décadas investigadas, manteniendo su postura de inocencia frente a los testimonios de las familias afectadas que han relatado el trato indigno dado a sus difuntos.