Un testigo en el juicio del denominado ‘caso ataúdes’ ha asegurado que Justo Martín, el extrabajador de la funeraria El Salvador que destapó el supuesto fraude, ya había advertido a su entorno de que "se la iba a preparar" al propietario de la empresa, Ignacio Morchón Alonso.

La declaración se ha producido este martes en la Audiencia Provincial de Valladolid, donde se celebra el juicio contra 23 acusados por el presunto cambiazo de féretros antes de la incineración. Según el testigo, empleado del grupo funerario desde 2001, Justo Martín hablaba habitualmente de Morchón en términos despectivos y le atribuía una clara intención de perjudicarle. En la misma línea, aseguró que un amigo del extrabajador le comentó que este estaba "tramando algo" contra el empresario.

El declarante vinculó este enfrentamiento a la negativa del propietario de la funeraria a contratar al hijo de Justo Martín, un extremo que ya había sido apuntado por otros testigos en jornadas anteriores.

También un sobrino de Morchón, con casi tres décadas en la empresa, cargó contra el extrabajador y aseguró que actuaba como si fuera el "dueño del gallinero", en referencia a su comportamiento en las instalaciones del cementerio de Santovenia de Pisuerga.

Durante la sesión, tanto empleados de la funeraria como una exagente de asistencia de la aseguradora Ocaso coincidieron en señalar que era práctica habitual ofrecer a las familias la posibilidad de presenciar la incineración. Esta última destacó además que los servicios de la funeraria recibían valoraciones cercanas al ocho sobre diez en las encuestas de satisfacción.

Asimismo, explicó que tras hacerse público el caso, numerosas personas acudieron a las oficinas de la aseguradora para solicitar información sobre pólizas de decesos y posibles indemnizaciones.

Un juicio con penas superiores a 200 años

El juicio continuará el próximo lunes con nuevas declaraciones de testigos y el martes con la comparecencia de agentes de la Policía Nacional.

La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por un supuesto fraude que habría consistido en sustituir ataúdes por otros más baratos entre 1995 y 2015. Entre los principales acusados se encuentran la viuda del empresario fallecido y sus hijos, para quienes se piden hasta 20 años de cárcel por delitos de organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.