Ecologistas en Acción Castilla y León ha exigido una moratoria inmediata para la instalación de nuevas plantas industriales de energías renovables, especialmente fotovoltaicas, salvo aquellas destinadas al autoconsumo, comunidades energéticas o cubiertas de edificios.

El colectivo defiende que la transición energética no puede convertirse en una "moneda de cambio que hipoteque el suelo agrario y el paisaje" de la comunidad en beneficio de grandes empresas.

Apuesta por cubiertas y espacios ya urbanizados

Según la organización, este tipo de instalaciones debería limitarse a tejados de polígonos industriales, grandes aparcamientos y edificios públicos, evitando así la ocupación de terrenos agrícolas.

"No podemos seguir ocupando tierras de cultivo cuando existen miles de hectáreas de cubiertas infrautilizadas", subrayan.

Una comunidad con alta producción renovable

Ecologistas en Acción justifica su postura recordando que Castilla y León ya genera el 92,8% de su energía a partir de fuentes renovables, superando con antelación los objetivos fijados por el Gobierno para 2030.

Además, la producción conjunta de energía eólica y fotovoltaica alcanzó los 15.952 GWh, lo que supone cubrir más del 121% de la demanda eléctrica regional.

Críticas a la "explosión fotovoltaica"

El colectivo denuncia que el actual crecimiento de grandes plantas, especialmente en el eje Palencia-Zamora-León, responde al aprovechamiento de infraestructuras eléctricas de antiguas centrales térmicas para exportar energía fuera de la comunidad.

A su juicio, este modelo no deja beneficios en el territorio y además frena el desarrollo de sectores como la agroecología o el turismo sostenible.

Replantear el modelo energético

Por todo ello, la organización considera que el actual sistema de exportación masiva de energía "está agotado" y pide a las administraciones que detengan la autorización de grandes parques.

En su lugar, reclaman centrar los esfuerzos en instalaciones de proximidad y autoconsumo, al considerarlas las únicas que garantizan un beneficio real para la ciudadanía de Castilla y León.