La indignación y el dolor marcaron este lunes una nueva jornada del juicio por el denominado 'caso ataúdes', después de que varios testigos relataran el impacto emocional al conocer que sus familiares fallecidos pudieron ser retirados de los féretros antes de la cremación para reutilizarlos.

María Elena, que perdió a su madre en 2010, aseguró que los fallecidos fueron tratados como "desechos" y lamentó que "los daños morales nadie se los podrá compensar". La mujer explicó que, tras conocer la presunta trama, volvió a sentir "el mismo dolor" que cuando se produjo el fallecimiento. "Es horrible", resumió.

En la misma línea se pronunciaron otros testigos, a quienes la Policía Nacional mostró imágenes tomadas por el extrabajador que destapó el fraude. En ellas, algunos reconocieron a sus familiares en féretros distintos a los elegidos o incluso fuera de ellos.

Francisco Javier relató que permaneció junto a su familia en una sala contigua al horno crematorio mientras supuestamente incineraban a su padre, sin percibir señales claras del proceso. Posteriormente, al ver las imágenes en comisaría, aseguró haberse quedado "impresionado" al comprobar que el cuerpo se encontraba en otro ataúd.

También Juliana, que incineró a su padre en 2013, expresó su "rabia" al reconocer en las fotografías que el cuerpo estaba colocado sobre una caja. "Robar a un muerto es lo último", afirmó.

Por su parte, Agustina, que perdió a su marido en 2003, confesó haberse quedado "pasmada" al conocer los hechos. Explicó que en su caso eligió el féretro más económico por falta de recursos y denunció que "es incomprensible que también se hiciera con los más baratos".

Dudas sobre las cenizas

Entre los testimonios se repitió una misma inquietud: la duda sobre la identidad de las cenizas entregadas. Antonio aseguró que en un primer momento pensó que se trataba de una broma, pero ahora, "por una cuestión de dignidad humana", está dispuesto a llegar "hasta el final".

Jesús, que perdió a su madre y a un hermano en el plazo de un año, resumió el sentimiento general: "El daño no me lo quita nadie".

El juicio continuará el próximo 6 de abril con nuevas declaraciones en una causa en la que la Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión por un supuesto fraude que se habría producido entre 1995 y 2015.

Según la acusación, la trama consistía en cambiar ataúdes por otros más baratos antes de la cremación. Entre los principales acusados se encuentran varios miembros de la familia del empresario fallecido, para los que se piden hasta 20 años de cárcel por delitos como organización criminal, estafa, apropiación indebida, blanqueo de capitales y falsedad documental.