La sesión celebrada este martes en la Audiencia Provincial de Valladolid estuvo marcada por testimonios de gran dureza en el marco del conocido como 'caso ataúdes' en el que varios familiares confirmaron haber reconocido a sus seres queridos en imágenes tomadas durante la investigación en condiciones que calificaron "indignas". Las fotografías, captadas por el extrabajador de la funeraria Justo Martín, fueron mostradas por agentes de la Policía Nacional durante la instrucción.

Uno de los relatos más impactantes fue el de Sergio, quien en noviembre de 2012 incineró a su hijo, un bebé de ocho meses. El testigo aseguró haber visto en esas imágenes el cuerpo del menor "tirado sobre troncos", una situación que calificó de incomprensible y que le llevó a rechazar cualquier posible indemnización. "Es algo patético", afirmó ante el tribunal. En términos similares se expresó Mercedes, que tras incinerar a su hermano en 2009 reconoció su cuerpo "desnudo encima de un palé", denunciando un trato que consideró inhumano. Además, indicó que Ignacio Morchón, con quien mantenía relación de vecindad, acudió al velatorio.

Las declaraciones apuntalaron también la tesis del supuesto cambiazo de ataúdes. Javier Gregorio explicó que el féretro en el que aparecía su padre en las imágenes policiales era de "pino normal" y sin acolchar, muy distinto del contratado por la familia, que ascendía a cerca de 5.000 euros. A ello se sumó el testimonio de Isabel, quien relató que, tras perder a su hija de dos años en 2005, encontró su cuerpo en un ataúd de adulto porque, según le indicaron, no había féretros infantiles disponibles. Años después, tras la muerte de su madre, también detectó anomalías físicas en el cadáver y lamentó no haber podido presenciar ninguna de las cremaciones. "Cuando años después te enteras de todo esto, te sientes destrozada", aseguró.

Otra de las afectadas, Mónica, relató que en 2011 fue persuadida para contratar el féretro más caro bajo el argumento de que el seguro de decesos cubriría todos los gastos, una decisión que ahora considera fruto del engaño. Como el resto de testigos, reclamó justicia y castigo para los responsables, en una jornada en la que la indignación fue el denominador común, junto a la incertidumbre sobre la autenticidad de las cenizas entregadas a las familias.

El juicio continuará en los próximos días con nuevas declaraciones en una causa que investiga un presunto fraude prolongado entre 1995 y 2015 basado en la sustitución de ataúdes por otros de menor coste. La Fiscalía solicita penas que superan los 200 años de prisión y dirige las acusaciones más graves contra María del Rosario V.L. y sus hijos -Ignacio, Laura y María del Rosario M.V.-, para quienes se piden hasta 20 años de cárcel por delitos como organización criminal, apropiación indebida, estafa continuada, blanqueo de capitales y falsedad documental.