La Audiencia Provincial de Valladolid vivió este lunes, 23 de marzo, una nueva jornada de declaraciones en el 'caso ataúdes', un procedimiento que investiga el presunto cambio de féretros por otros más baratos durante veinte años en la funeraria El Salvador. Entre los testigos se encontraba el juez José Luis Chamorro, quien recurrió a los servicios de la empresa tras el fallecimiento de sus padres, en 2008 y 2012 respectivamente.

En su testimonio, Chamorro expresó su "estupor" e "indignación" ante los hechos que se juzgan y señaló la aparente pasividad de los afectados: "Debería haber colas en la puerta de la funeraria pidiendo respuestas", afirmó durante su declaración ante el Ministerio Fiscal. El magistrado, actualmente en la Audiencia Provincial de León, comparó la situación con prácticas del Antiguo Egipto, en las que se protegía a los muertos de los depredadores.

Testimonios de afectados

El juicio también escuchó los relatos de familiares que contrataron los servicios de El Salvador en distintos años. María Julia, que perdió a su madre, una tía y su esposo entre 2001 y 2005, recordó que durante los funerales no se les permitió presenciar la cremación y subrayó que nunca buscó compensación económica: "Quiero justicia. No quiero que un hecho así quede impune", declaró.

Por su parte, Armando, que enterró a su pareja en 2009, calificó la situación como "difícil de explicar" y criticó la moral de quienes se aprovecharon del dolor ajeno: "La gente se aprovecha del dolor de los demás", afirmó, describiendo a los acusados como "traficantes y manipuladores de cadáveres".

Chamorro también relató que, en su caso, un empleado de la funeraria les pidió abandonar la sala durante la cremación para no escuchar los ruidos del horno, y recordó que su padre conocía al fundador de la empresa, Ignacio Morchón, a quien en su etapa de juez penal había juzgado en otro caso por acusaciones de revender coronas de flores.

Acusados y penas solicitadas

El Ministerio Fiscal pide condenas que suman más de 200 años de cárcel para los acusados del supuesto fraude cometido entre 1995 y 2015. Entre los imputados más destacados se encuentran la viuda del empresario, María del Rosario V.L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., cada uno con una petición de 20 años de prisión.

El fiscal solicita cinco años por constitución de organización criminal, siete años y medio por apropiación indebida continuada en concurso con estafa, y siete años adicionales por blanqueo de capitales y falsedad documental. Algunos de los principales implicados, como el empresario Ignacio M.A. y el extrabajador Justo Martín, fallecieron y quedaron fuera de la causa.

El juicio continuará mañana con la declaración de nuevos testigos, mientras familiares y afectados reclaman respuestas tras décadas de presunto fraude en un caso que ha conmocionado a Valladolid y que pone en evidencia la vulnerabilidad de los servicios funerarios frente a prácticas irregulares.