El próximo 2 de marzo comenzará en la Audiencia Provincial de Valladolid el juicio por la presunta estafa cometida en la funeraria El Salvador, un proceso que se prolongará durante 35 sesiones, hasta el 2 de junio. En este periodo comparecerán, además de los 23 acusados, un total de 239 testigos y 17 peritos, en uno de los procedimientos judiciales más complejos de los últimos años en Valladolid.

La primera jornada estará dedicada a las cuestiones previas, mientras que el 9 de marzo arrancarán las declaraciones de los testigos, que se extenderán durante 18 sesiones. Posteriormente, el 4 de mayo será el turno de los peritos, y el 18 de ese mismo mes comenzarán los interrogatorios de los acusados. Ya en junio, los días 1, 2 y 3 se presentarán las conclusiones de las partes, mientras que las últimas sesiones, previstas para los días 4, 8 y 9, se destinarán al turno de última palabra de los acusados, con lo que quedará visto para sentencia.

Más de 200 años de cárcel solicitados por el supuesto fraude

La Fiscalía reclama penas que superan los 200 años de prisión por un presunto fraude que consistía en el cambiazo de ataúdes por otros de menor calidad entre los años 1995 y 2015. De la lista de acusados han quedado fuera, por fallecimiento, el empresario funerario Ignacio M.A. y el principal testigo y extrabajador Justo M.

Las penas más elevadas se solicitan para la viuda del empresario, María del Rosario V.L., y sus hijos Ignacio, Laura y María del Rosario M.V., que se enfrentan cada uno a 20 años de cárcel.

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión por constitución de organización criminal; siete años y seis meses por un delito continuado de apropiación indebida en concurso con estafa; y siete años más por blanqueo de capitales y falsedad en documento mercantil. Además, se añaden seis meses de cárcel por un delito continuado contra el respeto a los difuntos y multas que ascienden a 12 millones de euros.

Más de 1.300 posibles afectados y más de 900 denuncias

Según las estimaciones, más de 1.300 familias podrían haberse visto afectadas por el presunto cambiazo de féretros en los crematorios del Grupo El Salvador. De ellas, más de 900 denuncias se tramitaron a través de la Policía, mientras que el resto llegaron directamente al juzgado.

Cabe recordar que el pasado mes de mayo, la Audiencia Provincial de Valladolid desestimó los recursos presentados por las acusaciones particulares contra la reagrupación de acusaciones, manteniendo la decisión judicial de que cada letrado represente al menos a 54 fallecidos, con el objetivo de facilitar el desarrollo del juicio y evitar dilaciones indebidas.

Desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se subrayó que esta medida no elimina el derecho a la defensa, sino que modula su ejercicio en beneficio del interés general y del equilibrio entre todas las partes implicadas.