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El Ayuntamiento transformará la tasa que corresponde a la aportación del Servicio de Ayuda a Domicilio
La medida, aprobada por la Junta de Gobierno, responde a una sentencia del Tribunal Supremo y no afectará ni al precio ni a la atención que reciben los usuarios
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado este martes el proyecto de establecimiento de la Tasa por la prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD), un cambio que no supondrá modificación alguna ni en la fórmula de cálculo ni en el importe que abonan las personas usuarias, y que afecta únicamente a la naturaleza jurídica del ingreso.
Hasta ahora, la financiación del servicio en la parte correspondiente a la aportación de los usuarios se articulaba mediante la figura del precio público. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo (800/2025) establece que, en el caso de las personas con grado III de dependencia -gran dependencia-, el servicio debe financiarse a través de una tasa, al tratarse de una prestación indispensable, no voluntaria y ofrecida en régimen de derecho público.
En aplicación de esta doctrina jurisprudencial, el Consistorio adaptará el régimen financiero del Servicio de Ayuda a Domicilio, creando la correspondiente tasa municipal para los usuarios con reconocimiento de grado III. Para el resto de personas beneficiarias -grados I y II o sin grado reconocido- se mantendrá el sistema actual de precio público.
Desde el Ayuntamiento subrayan que este ajuste técnico no tendrá repercusión práctica para los usuarios: no se reducirá la atención prestada ni se incrementará el importe a abonar, manteniéndose las mismas condiciones del servicio. El Servicio de Ayuda a Domicilio tiene como finalidad favorecer la autonomía personal, prevenir el deterioro individual o social y facilitar la permanencia de las personas en su entorno habitual mediante apoyos de carácter personal, doméstico, psicosocial y socioeducativo.
El Ayuntamiento de Valladolid considera el SAD una prestación esencial del sistema público de servicios sociales, por lo que asume la competencia y responsabilidad de su prestación, garantizando tanto su sostenibilidad financiera como su adecuación al marco jurídico vigente.
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La medida, aprobada por la Junta de Gobierno, responde a una sentencia del Tribunal Supremo y no afectará ni al precio ni a la atención que reciben los usuarios








