El Grupo Socialista en la Diputación de Valladolid ha denunciado lo que considera un uso "excesivo e injustificable" de las subvenciones de concesión directa por parte del equipo de gobierno del PP, al que acusa de haber convertido una herramienta excepcional en el modelo habitual de reparto de fondos públicos.

Según los datos facilitados por el PSOE, la Diputación adjudicó 331 subvenciones en 2023 por valor de 62 millones de euros y 317 en 2024 por un importe de 59 millones, de las cuales 245 fueron de concesión directa y solo 60 mediante concurrencia competitiva. Para el portavoz socialista, Francisco Ferreira, esta práctica "es contraria a la Ley General de Subvenciones", tal y como advierte la propia Intervención provincial, que recuerda que la concesión directa debe ser algo excepcional.

Los socialistas sitúan el punto de inflexión en 2025, cuando el equipo de gobierno presentó una modificación presupuestaria para conceder dieciséis subvenciones directas por valor de un millón de euros a determinados ayuntamientos. Una forma de proceder que, según denuncian, no solo se mantiene sino que se repite en el presupuesto de 2026, donde se vuelve a consignar otro millón de euros para este mismo fin.

Desde el Grupo Socialista consideran "injusto e incomprensible" que algunos municipios tengan que destinar sus Planes Provinciales o el Plan V a actuaciones básicas, como arreglar la casa consistorial, mientras otros reciben ayudas adicionales por decisión directa del presidente de la institución. "No culpamos a los ayuntamientos que reciben estas subvenciones, es legítimo que defiendan los intereses de sus vecinos; la responsabilidad es exclusivamente del equipo de gobierno del PP", subrayan.

En este contexto, recuerdan que el Ayuntamiento de Villabáñez ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León contra estas ayudas directas, después de que la Diputación rechazara un recurso de reposición. En dicho recurso se denuncia la discriminación que supone conceder fondos directos para infraestructuras "no básicas" mientras otros municipios deben recurrir a recursos limitados para afrontar gastos obligatorios.

Francisco Ferreira lamenta que "los ayuntamientos más pequeños y con menos recursos tengan que litigar contra la Diputación para defender sus derechos" y califica de "vergonzosa" la actitud del equipo de gobierno que preside Conrado Íscar por no rectificar esta política.

Ante esta situación, el Grupo Socialista ha anunciado que llevará al próximo Pleno una proposición para que la subvención de un millón de euros prevista en el presupuesto de 2026 destinada a infraestructuras municipales se convoque en régimen de concurrencia competitiva, garantizando así los principios de igualdad, publicidad, transparencia y concurrencia que marca la ley.