El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Valladolid ha acusado este martes, 30 de diciembre, al equipo de Gobierno, liderado por Jesús Julio Carnero, de "descapitalizar" la empresa pública de vivienda VIVA, tras la aprobación en el Consejo de Administración de una modificación del contrato programa entre la sociedad y el Consistorio para el presente ejercicio. La medida, apoyada por los votos de PP y Vox, implica que VIVA dejará de recibir 1,5 millones de euros de la transferencia prevista inicialmente en el presupuesto del año en curso.

Según el informe de la Intervención General, resultó imposible transferir a VIVA los 3,2 millones de euros previstos por la venta de suelo. Como "medida de gracia", el Gobierno municipal ha decidido destinar a la sociedad el saldo a favor resultante del cumplimiento del Contrato Programa 2022-2023, por un importe de 977.764,31 euros. De esa cantidad, se salvarán 639.139 euros que serán aportados por el Ayuntamiento para cumplir con los compromisos del contrato. No obstante, los socialistas insisten en que "esta decisión municipal no compensa el agujero que supondrá la anulación de la transferencia prevista, puesto que VIVA en 2025 dejará de recibir 1.584.097 euros".

"Una vez más, ni la Sociedad pública de vivienda VIVA ni las políticas de vivienda pública son una prioridad para PP y VOX en el gobierno municipal de la ciudad", afirmó el concejal socialista Luis Vélez en un comunicado remitido a Tribuna Valladolid.

Los socialistas señalan además que la situación se agrava al observar la reducción de la partida destinada a la adquisición de viviendas en el presupuesto de 2026 aprobado en el consejo de administración del pasado 7 de octubre. La inversión cayó un 40 % respecto a 2025, pasando de 1,9 a 1,1 millones de euros, lo que califican como un "duro varapalo" a las políticas de vivienda.

En el último Consejo de Administración del año, el PSOE también ha exigido que se busque una alternativa para reactivar el programa ALVA, paralizado durante dos años, que durante el pasado mandato facilitó el alquiler de viviendas vacías a precios accesibles con garantías para inquilinos y propietarios.