La política española atraviesa una fase de descrédito que no admite eufemismos. Los últimos escándalos, como el caso Salazar —que ha precipitado la dimisión posterior del presidente de la Diputación de Lugo—, se suman a una larga cadena de episodios que alimentan la sensación de que el debate público ha quedado relegado frente a un goteo constante de polémicas. La ciudadanía percibe una política atrapada en su propio barro, más pendiente de gestionar crisis internas que de ofrecer respuestas a los problemas reales del país.

Este clima de hartazgo no es nuevo, pero sí se ha intensificado. La erosión de la confianza institucional se ha convertido en un factor estructural que condiciona cualquier proceso electoral. Los partidos lo saben y tratan de blindarse como pueden, aunque pocas veces con estrategias que devuelvan credibilidad. La consecuencia es un escenario cada vez más volátil, donde la fidelidad del votante se resquebraja y emerge un espacio político más imprevisible.

En este contexto, las próximas elecciones en Extremadura se presentan como un termómetro clave. La Comunidad se encuentra ante una cita que trasciende sus propios límites territoriales: será observada como el primer gran pulso electoral de un ciclo que se extenderá hacia 2026. Extremadura puede convertirse en un espejo —o en un aviso— para partidos que buscan calibrar su fortaleza y corregir rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Para Castilla y León, que afrontará elecciones autonómicas en marzo de 2026, el resultado extremeño ofrece una lectura doble. Por un lado, permitirá medir la capacidad de los grandes partidos para recomponer su narrativa tras meses de desgaste generalizado. Por otro, mostrará hasta qué punto los gobiernos autonómicos de corte más tradicional pueden mantener estabilidad en un país marcado por la fragmentación. La gestión, la moderación y la percepción de solvencia institucional se convertirán probablemente en los ejes centrales de la campaña, también en Castilla y León.

La política necesita recuperar aire. Necesita volver a un marco donde las instituciones no sean percibidas como escenarios de conflicto permanente, sino como garantes de un proyecto compartido. Los casos que hoy ocupan portadas no solo dañan a quienes los protagonizan: erosionan el edificio entero. Y en un momento en que las comunidades autónomas asumen un papel determinante, la credibilidad será el recurso más escaso.

España se encamina hacia un nuevo ciclo electoral. Lo hace con ruido, con desconfianza acumulada, pero también con la oportunidad de corregir inercias. El espejo extremeño mostrará si los partidos han entendido el mensaje o si prefieren seguir navegando entre escándalos que solo agravan la distancia con unos ciudadanos que reclaman, cada vez con más impaciencia, responsabilidad y transparencia.