CCOO y UGT denuncian que el concejal de Movilidad se niega a reunirse con el comité de la ORA en Valladolid

Los sindicatos aceptan una subida salarial del 2% para 2025 pero alertan de la pérdida de plantilla, la merma retributiva y el aumento del 25% del contrato de Dornier pese al deterioro del servicio

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CCOO y UGT denuncian que el concejal de Movilidad se niega a reunirse con el comité de la ORA en Valladolid
El autor esRebeca Pasalodos Pérez
Rebeca Pasalodos Pérez
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CCOO y UGT denunciaron que el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Valladolid, Alberto Gutiérrez Alberca, "se ha negado a reunirse con el comité de empresa de la ORA", dificultando el diálogo y la supervisión del cumplimiento del contrato. Según explicaron ambas organizaciones, pese a haber aceptado en el proceso de mediación del Serla una subida salarial del 2% para 2025, consideran que este incremento es "claramente insuficiente".

Los sindicatos recordaron que la plantilla ha perdido un 9,2% de poder adquisitivo respecto al IPC real entre 2017 y 2024, mientras el servicio de la ORA no ha dejado de ampliarse. Frente a esta situación, subrayaron, Dornier ha visto incrementado en un 25,32% el precio del contrato debido a la expansión de plazas en la ciudad.

Sin embargo, esa ampliación no ha venido acompañada del refuerzo de personal que exigía el pliego. La plantilla ha pasado de 94 trabajadores (63 a jornada completa) a 79 (49 a jornada completa), pese a que actualmente se gestionan 1.731 plazas ORA adicionales.

CCOO y UGT advirtieron de que esta reducción de recursos humanos afecta a la calidad del servicio y dificulta la conciliación laboral, condicionando además la organización de la jornada anual del personal. Recordaron también que el conflicto ha sido denunciado en dos ocasiones ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos criterios dispares han obligado a las organizaciones a presentar una demanda ante el Juzgado de lo Social.

Para ambos sindicatos, la situación evidencia la necesidad de un control más estricto sobre la ejecución de los contratos públicos y de medidas que garanticen condiciones laborales dignas para las personas trabajadoras.

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