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El TSJCyL archiva de nuevo la denuncia de intento de secuestro presentada por las exmonjas de Belorado
El alto tribunal descarta cualquier prevaricación o irregularidad penal en la actuación de la jueza de Briviesca
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha vuelto a archivar la querella presentada por las exmonjas de Belorado contra la jueza de Briviesca, a la que acusaban de prevaricación e intento de secuestro de las religiosas de mayor edad. La resolución llega después de que el pasado mes de agosto el tribunal ya rechazara una denuncia similar.
En un auto remitido este lunes, la Sala de lo Civil y Penal concluye que no existen indicios de prevaricación ni irregularidades en las decisiones de la magistrada, quien autorizó medidas cautelares a finales de julio para la salida de las monjas ancianas __EMDASH__no excomulgadas__EMDASH__ del monasterio de Belorado, en el marco del conflicto con el Arzobispado de Burgos.
Los hechos se remontan al 1 de agosto, cuando una comisión judicial integrada por Guardia Civil, miembros de la Federación de Clarisas y del Arzobispado acudió al convento para trasladar a las monjas mayores a otro monasterio. Sin embargo, las religiosas habían sido llevadas previamente por sus compañeras al de Orduña (Bizkaia).
La defensa de las exmonjas interpuso entonces una denuncia en nombre de cuatro de las cinco afectadas, pero el TSJCyL la archivó por falta de concreción sobre los presuntos autores. Ahora, la Sala vuelve a desestimar la nueva querella y rechaza suspender a la jueza de Briviesca o paralizar las actuaciones judiciales relacionadas con las religiosas.
El auto reconoce que algunas decisiones procesales o de fondo pueden ser discutibles, pero subraya que "en modo alguno pueden calificarse de prevaricadoras". Además, considera "aún más improcedente" atribuir delitos de detención ilegal, falsedad documental o vulneración de derechos constitucionales, al no existir indicios que los sustenten.
El tribunal llega incluso a calificar de "sencillamente estrambótico" el intento de considerar una detención ilegal unas medidas judiciales de protección de personas discapacitadas. Contra esta resolución cabe recurso de súplica.
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