El Grupo Parlamentario VOX en las Cortes de Castilla y León ha presentado una proposición no de ley (PNL) para que la Junta adopte medidas urgentes que mejoren las condiciones de seguridad y laborales en el Centro de Menores de Zambrana, en Valladolid.

La formación argumenta que el centro atraviesa una situación de "inseguridad y precariedad laboral", con carencias en medios humanos y materiales que dificultan la labor del personal educativo y la atención a los internos. Según el texto registrado, el objetivo es garantizar tanto la protección de los trabajadores como un entorno educativo adecuado para los menores.

VOX recuerda que el pasado 26 de octubre un educador social resultó herido en un ojo tras la agresión de un menor, un incidente que -aseguran- refleja la escalada de conflictos vivida en los últimos años. El grupo señala que el Zambrana ha sido objeto de seguimiento por su "importante función social" y por los "continuos altercados y situaciones de riesgo" que, según denuncia, se vienen produciendo.

El centro está gestionado desde junio de 2024 por la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos, entidad a la que la Junta de Castilla y León adjudicó el contrato por 8,3 millones de euros para dos años. VOX sostiene que las medidas implantadas, como la contratación de auxiliares de control educativo con una inversión de 800.000 euros, "no han resultado eficaces".

Los trabajadores del Zambrana, según la formación, denuncian una sobrecarga de trabajo que alcanza las 1.722 horas anuales de atención directa, falta de descansos y espacios reducidos tanto para el personal como para los internos. Además, apuntan a la existencia de bajas continuas y traslados temporales de empleados desde otras provincias, lo que -afirman- genera inestabilidad en el proceso educativo.

En enero, la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Valladolid emitió un informe que detectó deficiencias organizativas y de seguridad en el centro. VOX añade que recientemente se habría elevado a infracción grave la falta de aprobación en plazo del calendario laboral para 2025. La proposición registrada pide una actuación conjunta de la empresa gestora y de la Consejería de Familia para reforzar la prevención, la protección del personal y la mejora de las condiciones laborales en el centro.