El Juzgado de Instrucción número 6 de Valladolid ha abierto diligencias previas tras la denuncia presentada por el portavoz del Grupo Provincial Socialista, Francisco Ferreira, por la compra de un motocarro en mal estado por parte de la Sociedad Provincial de Desarrollo de Valladolid (Sodeva), dependiente de la Diputación.

Según ha informado el PSOE, el auto judicial señala que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de malversación", cuya investigación corresponde al juzgado.

La denuncia se refiere a la adquisición de un ciclomotor Piaggio Ape 50 por 2.420 euros el pasado mes de abril, que, según los socialistas, se encontraba en "condiciones deplorables". Una semana antes de la compra, el vehículo ya tenía un presupuesto de reparación, que se ejecutó tres semanas después por un coste de 6.495 euros, es decir, el triple de su precio de adquisición.

El motocarro iba a destinarse a ferias y eventos de la Diputación, pero, tal y como declaró el gerente de Valladolid Avanza (Sodeva), Ángel Medina, nunca llegó a utilizarse y permanece en una nave de Matallana.

"Viendo el vehículo en cuestión, entendemos que no se haya usado nunca. Lo sorprendente es que a alguien le pareciera buena idea que algo así pudiera ser la imagen representativa de una institución como la Diputación de Valladolid en cualquier evento mínimamente serio", criticó Ferreira.

Además, el PSOE ha denunciado que la reparación no fue encargada a un taller certificado, sino a la empresa de eventos World Wide Brands and Malls S.L.. Dos meses más tarde, el Club de Amigos de la Provincia, vinculado a Sodeva, emitió un informe para justificar la compra.

"Es muy grave hacer un presupuesto para algo averiado, que cuesta el triple arreglarlo, y que tanto la compra como la reparación figuren a nombre de una empresa de eventos. Esto requiere explicaciones penales", subrayó Ferreira. "Es intolerable que esto suceda en una administración pública", añadió.

Por último, el Grupo Socialista volvió a exigir la disolución de Sodeva, al considerar que no está fiscalizada por la intervención de la Diputación y que gestiona "una cantidad injustificable de contratos menores a capricho".