La Policía Nacional detuvo en Valladolid a un matrimonio, así como a un tercero, acusados de los delitos de trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores, por haber explotado laboralmente durante casi tres años a su víctima, que llevó a pagarles más de 12.000 euros en concepto de la deuda contraída con ellos. 

Según informa la Subdelegación del Gobierno en la provincia, la operación 'Trasgu', liderada por agentes de la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) de Valladolid, culminó con la detención de tres personas acusadas de trata de seres humanos y delitos contra los derechos de los trabajadores. 

La investigación se inició tras la detección de una víctima de nacionalidad paraguaya, que fue engañada en su país de origen y posteriormente explotada laboralmente en dos establecimientos hosteleros de Valladolid. Fue captada por un matrimonio asentado en Valladolid y persuadida para que se trasladara a España con la promesa de un trabajo digno en hostelería. Sin embargo, aprovecharon su extrema necesidad económica ocultándole las condiciones laborales reales.

A su llegada, la mujer fue sometida a condiciones de "semiesclavitud" y forzada a pagar una supuesta deuda de 3.000 euros -cantidad que acabaría multiplicándose por cuatro a lo largo de su estancia- por los billetes de avión, a pesar de que le habían informado de que
financiarían su viaje desde Paraguay a España. 

En un primer momento trabajó en un bar gestionado por un compatriota del matrimonio, donde realizaba jornadas de hasta 50 horas semanales por tan solo 300 euros al mes, de los cuales debía abonar 250 euros por la habitación facilitada por el matrimonio, disponiendo solo de 50 euros al mes para subsistir, sin poder enviar nada a su país para mantener a sus familiares. Los implicados eran, además, empleados del mismo bar, lo que les permitía controlarla.

Posteriormente el matrimonio adquirió su propio bar y emplazaron a la víctima a trabajar allí, con promesas de mejorar su situación y aumentar su remuneración. En el nuevo empleo, la víctima trabajaba 73 horas semanales por una remuneración de 1.000 euros mensuales. Sin embargo, nada más el hombre le entregaba en un sobre esos 1.000 euros, ella debía acudir a la mujer y entregarle 600 euros en concepto de amortización de la "deuda" que tenía con ellos. A los 400 euros restantes debía descontar 250 euros de pago por su habitación, por lo que solo le quedaban 150 euros mensuales para subsistir ella misma y sus familiares.

El control sobre la víctima se intensificó a través del aislamiento y la dependencia económica, situación de vulnerabilidad que el varón aprovechó para someterla también a explotación sexual, valiéndose de falsas promesas de realizarle un contrato de trabajo si accedía a sus requerimientos sexuales. Consiguió doblegar la voluntad de la víctima y que esta accediera a mantener regularmente relaciones sexuales con su él durante más de un año, solo motivada por ese contrato de trabajo que nunca llegaba y que le habría permitido
regularizar su situación administrativa para buscar otro trabajo.

La víctima llegó a pagar más de 12.000 euros bajo coerción a sus explotadores. Uno de los detenidos fue puesto en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales y el matrimonio pasó a disposición de la Autoridad Judicial que decretó su libertad.