Los diputados nacionales del Partido Popular por Valladolid, Mercedes Cantalapiedra y Eduardo Carazo, han criticado duramente la decisión del Gobierno de suprimir paradas del AVE en estaciones como Medina del Campo, calificándola de "injustificable abandono" a los usuarios de la alta velocidad en la provincia.

Ambos parlamentarios participaron el pasado viernes en una reunión de trabajo en el Congreso con diputados de otras provincias afectadas, tanto de Galicia como de Castilla y León, en la que analizaron los "efectos negativos" de esta medida, que consideran "arbitraria, injusta e irracional". En ese encuentro, acordaron coordinar nuevas iniciativas parlamentarias para exigir al Ejecutivo y a RENFE que rectifiquen de inmediato.

Cantalapiedra advirtió de que "la alta velocidad no puede ser un privilegio reservado solo a unas pocas capitales", y subrayó que "las grandes inversiones públicas deben servir a todos los territorios, especialmente a zonas intermedias como Medina del Campo, estratégica por ubicación y volumen de usuarios". A su juicio, resulta "incomprensible" recortar servicios precisamente en Valladolid, "motor económico y logístico de Castilla y León".

Por su parte, Carazo lamentó que "una vez más, el Gobierno socialista toma decisiones desde un despacho en Madrid, sin escuchar a los ciudadanos de Valladolid". Y alertó de que la supresión de paradas del AVE "limita gravemente el derecho a la movilidad de los vecinos de Medina del Campo", que pierden frecuencias esenciales para desplazarse por motivos laborales, educativos o sanitarios.

Los diputados del PP exigen la restitución inmediata de los servicios y paradas vigentes hasta el 9 de junio, y en caso de que no se recupere la situación anterior, reclaman la puesta en marcha de nuevos trenes con parada en estaciones intermedias que conecten eficazmente Valladolid y su provincia con Madrid.

Además, han anunciado que trasladarán esta reivindicación tanto al Congreso de los Diputados como al Ministerio de Transportes, y han advertido de que no cesarán en su empeño "hasta que se corrija este nuevo agravio del Gobierno socialista hacia Castilla y León".

"Defenderemos los intereses de Valladolid en todas las instancias y no permitiremos que nuestros ciudadanos sean discriminados ni condenados al aislamiento ferroviario por decisiones políticas injustas", concluyeron.